El Alcalde de Cúcuta Donamaris Ramírez París Lobo firmó un acuerdo con la directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria, para poner en marcha el Centro Regional de Atención a las víctimas del conflicto en la ciudad.
“La Administración Municipal agradece el interés del Gobierno Nacional en la reparación de las víctimas y también de las diferentes instituciones que trabajan de manera articulada para reducir la condición de vulnerabilidad, dignificándolas a partir del reconocimiento de sus necesidades y exaltándolos como sujetos activos de su transformación” afirmó el gobernante de los cucuteños.
El centro regional de atención tendrá una inversión de $ 4.000 millones y será posible gracias a la alianza entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Cúcuta.
Los Centros Regionales de Atención son los espacios que unifican toda la oferta institucional para la atención de las víctimas, de modo que ellas no tengan que ir de un lado para otro para ser informados acerca de sus derechos y acceder de manera efectiva e inmediata a las medidas de asistencia y reparación a las que tienen derecho.
El centro tendrá un costo total de $ 4.000 millones, de los cuales, la Unidad para la Atención y reparación Integral a las Victimas aportará más de $ 3.100 millones, además de un poco más de $ 46 millones en bienes y servicios y la alcaldía aportará $ 300 millones además de $ 506 millones en bienes y servicio.
El acuerdo incluye la gestión del recurso humano calificado para prestar los servicios de orientación y atención, el acompañamiento sico jurídico a las víctimas y el suministro de información a la Red Nacional de Información a cargo de la Unidad para Víctimas.
“Cerca de 66 mil víctimas viven en Cúcuta, la gran mayoría causada por el desplazamiento forzado, la Ley de Victimas y Restitución de Tierras tiene sentido al promover el proceso de reparación integral que comprende la articulación necesaria en acciones que ofrezcan a estas y todas las victimas del país, medidas de rehabilitación, restitución, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización, contando con su participación” afirmó Gaviria.
La medida de indemnización administrativa, junto con el Programa de Acompañamiento que busca apoyar a las víctimas en la reconstrucción o transformación de sus proyectos de vida, ha beneficiado en el departamento a 4.404 personas, con una inversión de $ 25.593 millones.
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