Telefónica Movistar ha reconocido públicamente la necesidad de que se asigne más espectro radioeléctrico, como insumo fundamental para la prestación de telecomunicaciones, que se requiere para aumentar la calidad y cobertura de los servicios, así como cerrar la brecha digital. Por ese motivo, valora la iniciativa del Ministerio TIC de realizar el proceso de subasta que se encuentra en curso, pero considera que se requieren adecuadas condiciones de asignación, que deben responder a las realidades de los mercados nacionales.
En ese contexto, Telefónica Movistar envió al Ministerio de las TIC, fundados y soportados análisis con base en los cuales solicitó modificaciones sobre las condiciones de subasta que fueron sometidas a comentarios de la industria.
Los aportes de Telefónica Movistar para conseguir las mejores condiciones de asignación consistieron, principalmente, en solicitar mayor transparencia y seguridad jurídica en el proceso, la revelación de información indispensable para la valoración del mismo y de las obligaciones derivadas de la asignación, modificaciones sobre la metodología de subasta para promover la maximización del bienestar social y garantizar el acceso al espectro, superando el enfoque recaudatorio y el aumento artificial del precio del espectro, y de forma reiterada y urgente, medidas diferenciales que tuvieran en cuenta las preocupantes condiciones de competencia de los mercados móviles que revelan la existencia de elevados niveles de concentración y la dominancia de Claro, que pone en jaque la sostenibilidad de la industria.
Con la publicación de la resolución de condiciones de asignación vemos que algunos de los comentarios de Telefónica fueron acogidos, pero que aún se mantienen aspectos que van en contravía de los principios y finalidades que el marco legal del sector TIC le impone al Ministerio.
Para Fabián Hernandez, Presidente CEO de Telefónica Movistar Colombia, “no revelar el precio base impide que identifiquemos las expectativas del Gobierno y si nos expone a que el operador dominante utilice sus ventajas para subir los precios y así impedir que accedamos al recurso. Esto, sumado a que sólo después de la subasta se conocerán las decisiones sobre dominancia, afecta la confianza legítima, es un claro desincentivo para la realización de inversiones por parte de los competidores del operador dominante y se aleja de las mejores prácticas a nivel internacional, que avocan por esquemas de libre competencia. Además, en estas circunstancias la realización del proceso de subasta resultará en una herramienta adicional del operador dominante para afianzar su posición, llevando a un eventual monopolio”.
Así mismo, la falta de revelación del precio base del espectro, a diferencia de lo que ocurrió en la subasta de 4G y contrario a las buenas prácticas internacionales en subastas de espectro, genera una alta incertidumbre que causa un aumento artificial del precio del espectro, atentando contra el principio de uso eficiente de los recursos sectoriales y la maximización real del bienestar social. En tanto que, un elevado precio de acceso al espectro puede retrasar los procesos de despliegue de tecnologías y afectar los precios de los servicios, como lo resaltó la GSMA en el reciente estudio “The impact of spectrum prices on consumers”, de septiembre de 2019. Esa misma consecuencia se observa por el hecho de no incluir la obligación de actualización tecnológica dentro del precio del espectro.
Estas falencias en las condiciones de asignación que decidió mantener el Mintic, se erigen como una barrera adicional al mercado tanto para eventuales entrantes, como para operadores que, como Telefónica, deberán soportar la explotación abusiva de la capacidad financiera del operador dominante en el marco de la subasta de espectro.
Esta complicada realidad de la industria, que demanda una ágil intervención de las autoridades sectoriales, no se compadece con la falta de decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones del proceso que adelanta para declarar formalmente la dominancia de Claro en datos móviles y adoptar medidas regulatorias que permitan que los usuarios puedan contar con los beneficios de un mercado en competencia; más y mejores servicios a precios de mercado. La realización del proceso de subasta no debe comprometer la independencia del regulador ni detener el ejercicio de sus competencias legalmente establecidas.
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