Con representantes de Organizaciones Internacionales, embajadas de la Unión Europea, América Latina, gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Rumania, Alemania, Secretarios de Despacho y representantes de las Víctimas en el departamento, la Gobernación lideró la velada ‘Memoria y Reconciliación, retos para la paz’, que visualizó a las víctimas para alcanzar una reparación integral.
Luis Fernando Niño López, secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Norte de Santander, explicó la importancia de la ‘verdad’, como derecho de las víctimas, y de la ‘conservación de archivos y preservación de sus memorias’, como garante en procesos que aporten justicia para lograr una paz estable y duradera.
Allí se enfatizó en crear memoria en medio del conflicto, al recalcar que “somos una sociedad amnésica y estas memorias se rebelan contra el olvido. Nos dicen que no podemos seguir olvidando lo que nos ha pasado y debemos dejar la indolencia con quienes han vivido los horrores de la guerra”, señaló el Secretario.
Las víctimas de la región, en cabeza del coronel de la Policía, William Donato (secuestrado 12 años por las Farc, y quien se fugó de sus captores); Elibeth Murcia, esposa de Henry Pérez (campesino desaparecido en el Catatumbo); Ricardo Ayala, hijo de Emilio Ayala quien para la época de su asesinato era funcionario de Corponor y Ana Doris Rodríguez, representante de la Mesa Departamental, entregaron sus testimonios de vida ante los asistentes.
“Si nosotros damos un paso determinante para el perdón y la reconciliación ¿por qué no hacerlo el resto del País?”, acotó Elibeth Murcia, esposa de Henrry Pérez.
Las víctimas coincidieron en haber sufrido mucho dolor: “existen muchos familiares afectados directamente por el conflicto, es más frecuente escuchar que hay disposición al perdón, siempre y cuando quienes provocaron el daño entreguen suficiente verdad y pidan perdón de manera genuina”, agregó Ricardo Ayala.
El evento terminó con la firma de los asistentes de ‘El Gran Libro de la Memoria’, que surge en respuesta a la orden judicial de reparar simbólicamente a las víctimas que han sufrido la violencia en Norte de Santander.
