La Unidad de Restitución de Tierras encontró indicios sobre posibles delitos en ocho solicitudes de restitución en Norte de Santander, los cuales fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación para que sean investigados.
Con miras a blindar el proceso de restitución de tierras y garantizar la transparencia de su aplicación, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) acaba de radicar ante la Fiscalía General de la Nación un grupo de ocho casos sospechosos, presentados originalmente para ser incluidas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente que maneja la URT
Pese a que el proceso administrativo y judicial de restitución de tierras está amparado en los principios de confidencialidad y celeridad, esto no significa que los delitos cometidos por parte de los usuarios sean omitidos. Si los solicitantes de restitución incurren en delitos, la Unidad entregará la información relevante a la Fiscalía, organismo encargado de realizar los procesos pertinentes.
Así pues, en los ocho casos mencionados, que ya fueron puestos en conocimiento del ente acusador, la Dirección Territorial de Norte de Santander encontró indicios de delitos penales.
Entre los hallazgos presentados a través de las ocho denuncias, cuatro corresponden a la presencia de cultivos ilícitos en los predios objeto del proceso de restitución de tierras. Dos de las denuncias penales se radicaron bajo la acusación de la presunta conducta de falsedad en declaración, mientras que las dos restantes corresponden al delito de presunta falsedad en documento privado.
“Uno de los principales pasos que realiza la Unidad a la hora de recibir a la personas que buscan presentar su solicitud sobre predios despojados o abandonados forzosamente, es hacer claridad sobre las penas en que pueden incurrir si se comprueba que se valen de medios fraudulentos para obtener beneficio”, explicó uno de los funcionarios del área jurídica.
En este sentido, la Dirección Territorial de Norte de Santander, como institución representante del Gobierno Nacional, avanza en el cumplimiento de lo establecido en la legislación colombiana, según la cual los servidores públicos deben informar de la presunta configuración de delitos.
Con las denuncias radicadas se da un aviso a quienes busquen aprovecharse inescrupulosamente del proceso de restitución de tierras, además de una muestra del trabajo transparente y siempre respetuoso de la ley que realiza la URT.
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