Durante la primera reunión del año 2017 de la Comisión Regional de Moralización la cual es presidida por los órganos de control de la región y hacen parte la Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía, la Administración de Justicia, Defensoría del pueblo, la Personería y Contraloría municipal y la Contraloría Departamental de Norte de Santander, quien el Contralor Silvano Serrano Guerrero, es el presidente de la comisión.
La Comisión Regional de Moralización tiene como objetivo poner en marcha los lineamientos de la Comisión Nacional, los cuales están orientados hacia la promoción en la Gestión Pública y prevención de hechos de corrupción en Norte de Santander.
De acuerdo al plan de acción se realizó una revisión general del grado de avance de la implementación de las políticas en cada una de las instituciones referente al tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción que viene adelantando la contraloría departamental liderada en cabeza de Silvano Serrano Guerrero.
Por parte del Ente de Control Departamental, se presentó la iniciativa de firmar el Pacto Regional por la Transparencia, que tiene como objeto que los sujetos de control, es decir, la Gobernación de Norte de Santander, las Alcaldías, y Entidades a nivel Nacional, Departamental y Municipal, suscriban unos compromisos de luchar contra la corrupción y generar mayores espacios de transparencia; en ese sentido se ha propuesto que ese pacto regional este acompañado por una universidad de índole Nacional y Regional quienes serán las encargadas de la revisión de los manuales de contratación, manifestó Serrano Guerrero.
La Comisión Regional de Moralización, para el 2017 implementará estrategias para la conformación de veedurías ciudadanas y que estas sean partícipes en cada una de las obras, proyectos y programas que adelantan las entidades públicas, en busca de promover espacios de capacitación en valores éticos y vida pública.
Durante la reunión se revisaron casos específicos como el del centro Cardioneuromuscular, donde se evaluó que la Procuraduría ha producido tres fallos con carácter sancionatorio destituyendo al gerente de esa época, Fernando Páez, de la misma manera, la Contraloría Departamental le imputo una responsabilidad fiscal en lo que tiene que ver en los recursos de funcionamiento por cerca de $90 millones de pesos.
Así mismo, se manifestó que la contraloría municipal ya presentó el informe final de los hallazgos cercanos a $1.600 millones de pesos como faltante fiscal, se iniciara el proceso de responsabilidad fiscal y se espera que la fiscalía regional produzca los resultados en lo que tenga que ver con sanciones penales.
Por último, el jefe el ente de control Departamental, Silvano Serrano Guerrero, manifestó el interés por seguir promoviendo espacios que minimicen los riesgos en materia de corrupción y especialmente en temas de la contratación pública.
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