Por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, fueron capturados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, la alcaldesa de Ocaña, Myriam del Socorro Prado Carrascal, y los secretarios de Gobierno y de Movilidad.
El ente acusador durante su investigación encontró presuntas irregularidades en tres contratos suscritos con el mismo contratista.
La prestación de apoyo técnico y tecnológico a la Secretaría de Movilidad y Tránsito para el manejo y control del sistema que facilita la gestión de comparendos y el registro de recaudo de dinero por concepto de la imposición de sanciones a través de la modalidad de concesión fue el objeto del primer contrato.
Para el segundo caso, se trató de la prestación de los servicios profesionales y apoyo técnico a la misma dependencia, y para el último contrato, del suministro de insumos y apoyo logístico a la Secretaría de Gobierno.
La Fiscalía determinó que el contratista no cuenta con la experiencia certificada y que además, habría financiado la campaña a la Alcaldía, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral.
También se identificó el cobro exagerado de porcentajes de utilidad, entre otras inconsistencias.
La alcaldesa de Ocaña, Miriam del Socorro Prado Carrascal, ayer domingo fue enviada a la cárcel por la jueza Penal con Función de GarantíasLuisa Beatriz Torrado quien determinó que la mandataria no representaba un peligro para la sociedad, pero al estar libre y en su cargo sí podría obstruir el desarrollo del proceso legal que está en su contra, por lo que lo mejor para garantizar el cumplimiento de la ley era enviarla a un centro reclusorio.
Este mismo concepto se les aplicó a Juan Pablo Bacca Manzano y Albert Emiro Urquijo Sánchez, secretarios de Gobierno y Tránsito de esa localidad, quienes acompañaron a la alcaldesa en la esquina de los acusados y también fueron enviados a prisión.
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