La multimillonaria demanda con la que Gas Natural Fenosa pretende que el Estado colombiano le pague supuestos daños por la liquidación de Electricaribe no es la única que avanza contra la Nación en tribunales de arbitramento internacionales.
En el exterior, Colombia tiene demandas que suman los 23.000 millones de dólares (67 billones de pesos), lo que equivale a 10 veces por lo que se vendió Isagén o 20 billones más de lo que cuesta el plan vial 4G.
Sobre el litigio con la española Gas Natural Fenosa, el Gobierno tomó la decisión de liquidar Electricaribe ante el reiterado incumplimiento de la empresa para prestar eficientemente el servicio de energía eléctrica en la costa Atlántica.
La decisión, que buscaba evitar que 10 millones de colombianos se queden sin luz, dio pie a una demanda por 1.000 millones de dólares que ya hace tránsito en la Corte Permanente de Arbitraje. Los inversionistas españoles sostienen que son víctimas de una expropiación indirecta por las decisiones que tomó el Gobierno de intervenir primero y luego liquidar Electricaribe.
El Gobierno, que ya prepara su defensa, tiene entre sus argumentos el largo historial de incumplimientos de la empresa, decenas de decisiones similares en otros casos, siempre ceñidos a las mismas normas –lo que echa por tierra la tesis de que se trató de una acción discriminatoria contra la empresa– y los números de Electricaribe.
Pero este proceso, en el que se han denunciado presiones diplomáticas, apenas está en ciernes.
CLARO Y MINERAS
En los tribunales internacionales hay varios que están más avanzados y cuyo monto supera de lejos las pretensiones de Gas Natural Fenosa.
Así, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativos a Inversiones (Ciadi) cursa una demanda de América Móvil (hoy Claro) por 5.000 millones de dólares. La disputa es por la obligación que tiene la empresa de revertir la infraestructura al término de la concesión inicial (1994), que fue eliminada por dos leyes posteriores pero que, según la Corte Constitucional, no se aplica a los contratos anteriores. La demanda se radicó el 3 de octubre de 2016. Ya fueron designados los árbitros José A. Martínez de Hoz (argentino) y Rodrigo Oreamuno (costarricense).
En el Ciadi también están las demandas contra Colombia de las firmas Glencore y Eco Oro. Glencore, en la mira de las autoridades nacionales por el millonario descalabro de la construcción de la refinería de Cartagena, demandó al país por una multa de 60.000 millones de pesos que le impuso la Contraloría a su filial Prodeco por una modificación en el cálculo de las regalías que terminó afectando los intereses de la Nación y no estaba justificada. La demanda, cuyo monto podría llegar a los 400 millones de dólares, ya tiene conformado el Tribunal de Arbitramento. El 3 de julio, Colombia deberá entregar su respuesta.
La demanda de Eco Oro, por 300 millones de dólares, pretende una reparación por los supuestos daños derivados de la prohibición de minería en zonas de páramo donde la firma tenía títulos de exploración. La defensa de Colombia pasa por demostrar que la licencia de exploración no implica por derecha vía libre a la explotación, pues esta depende de las licencias ambientales y el cumplimiento de normas que rigen para las empresas del sector. Ya hay dos árbitros nombrados.
La demanda más grande contra la Nación no tiene aún una sede de arbitraje, pero está anunciada. Es una pretensión por 16.500 millones de dólares de la canadiense Tobie Mining por la supuesta expropiación ilegal de un título minero. El caso es el de la exploración de oro en la región amazónica, que quedó suspendida por la creación del parque nacional Yaigojé-Apaporis. La empresa pretende que la disputa se defina en un Tribunal de Arbitramento en Houston, pero Colombia aún no toma una decisión.
Fuente: www.portafolio.co
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