El Gobierno nacional reafirmó su compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad a través de la suscripción de la Alianza para la accesibilidad, la cual busca aumentar las oportunidades de participación para esta población mediante el uso de herramientas tecnológicas.
La alianza fue suscrita por entidades públicas como la Vicepresidencia de la República, la Alta Consejería para la Discapacidad, Función Pública, Colciencias, los Ministerios de Educación, TIC y de Cultura, SENA, INNpulsa y la Universidad Nacional.
Adicionalmente, por el sector privado firmaron Microsoft, la Universidad Eafit, Nissan y Laboratorios Roche .
El director de Función Pública, Fernando Grillo, afirmó que el Gobierno emprendió «una reforma digital de la administración pública, en la que estamos prestos a regular los servicios digitales para facilitarles la vida a las personas con discapacidad, a través de un Decreto Ley que sancionará el Presidente de la República. Esto permitirá establecer plazos más cortos para expedir el certificado de discapacidad».
Por su parte, el alto Consejero para la Discapacidad, Jairo Clopatofsky, manifestó que «siempre hemos hablado del uso de tecnologías para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, y para este fin, juega un papel importante esta alianza entre lo público y lo privado».
En el marco de este encuentro se llevaron a cabo los paneles “Desarrollo de las capacidades mediante el uso de la tecnología social” y “Cerrando brecha mediante el uso de tecnología social para personas con discapacidad”; el primero contó con la participación del director de Función Pública; y representantes de Microsoft, el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, el INCI; y representantes de la sociedad civil.
Por su parte. El panel dos fue liderado por Colciencias y representates de la Universidad Manuela Beltrán, del SENA, INNpulsa y la firma Apple.
El establecimiento de esta alianza es un paso más hacia la consolidación de una política de inclusión laboral para personas con discapacidad impulsada a través del Decreto 2011 de 2017, el cual establece que establece que, para el 31 de diciembre de este año, al menos el 2% de las plantas de entidades de hasta 1.000 empleos deberán ser cubiertos por personas con discapacidad; si la planta cuenta entre 1.001 y 3.000 empleos, debe proveer el 1%; y si son plantas mayores a 3.000 empleos, se debe proveer el 0,5%.
En este aspecto es de resaltar que la meta, al finalizar el cuatrienio, es contar con 12 mil personas con discapacidad vinculadas laboralmente a la administración pública.
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