Colombia podría llegar a ser el segundo productor forestal y de madera de Latinoamérica en tres décadas si en un periodo de 4 años se adoptan las medidas correctas para iniciar duplicando las plantaciones forestales comerciales y la producción de madera actual. Para ello, de acuerdo con la Federación Nacional de Industriales de la Madera, FEDEMADERAS, es necesario implementar una serie de políticas económicas, jurídicas y tributarias que brinden seguridad al sector empresarial.
Si bien Colombia es un país con una amplia extensión de bosques, no tiene una economía forestal y de madera como sucede en Brasil, Chile y Uruguay, donde se ubican el 24% de las plantaciones forestales comerciales de rápido crecimiento del mundo. Chile, por ejemplo, con sus 2,3 millones de hectáreas plantadas, aporta una producción del 1,9% de su PIB, mientras en Colombia apenas se registran 528.000 hectáreas con un aporte inferior al 1%.
FEDEMADERAS cuenta con estimaciones que advierten que si se lograra desarrollar la masa forestal en Colombia, para 2026 se generarían 400.000 empleos formales, nuevos programas de inclusión social campesina, un mayor número de contratos de coparticipación que desarrollen una agroindustria en la ruralidad, participación femenina, oportunidades para las juventudes y la contribución de la industria al PIB aumentaría al 1,4% a precios constantes 2021. Así mismo está comprobado que por las fuerzas de oferta y demanda, este impulso sería el instrumento más efectivo para combatir la deforestación, llevándola a niveles inexistentes como sucedió en Chile.
A largo plazo estos beneficios se extenderían al comercio exterior, al lograr una generación de divisas equivalente a 1,9 veces las exportaciones de café en 2021 y 44% de las de carbón. Además, para 2052 se tendrían 2,4 millones de empleos nuevos y una contribción cercana al 9% al PIB. No solo se habría dado la vuelta en la mitigación del cambio climático, sino que la bioeconomía rural habría acogido dos generaciones de colombianos que a través de asistencia técnica especializada serían parte de una nueva agroindustria inclusiva y paricipativa.
Como lo explica Juan Miguel Vásquez Suárez, director ejecutivo de FEDEMADERAS, para lograr cumplir este reto es necesario trabajar en tres conjuntos de medidas. En primer lugar, se debe crear un único rector forestal bajo un modelo de clúster con participación del gobierno, empresa privada y la academia, con el objetivo de mejorar la articulación de políticas y la ejecución de controles, permisos y registros. Por ende, es necesario viabilizar el sector en el Plan Nacional de Desarrollo como Proyecto de Interés Nacional Estratégico y apoyar una nueva Ley forestal que solucione competencias y vacíos actuales, y siente las bases de una política de Estado.
En el frente económico, es necesario mantener las exenciones tributarias y mejorar el acceso al CIF (certificado de incentivos forestales), desarrollar líneas de emprendimiento e incorporación de tecnologías en BIG DATA e Inteligencia Artificial para mejorar productividad y competitividad, incentivar la demanda a través de desestigmatización por el uso de la madera y sus productos derivados, conectar núcleos de desarrollo forestal con proyectos de mejoramiento de la infraestructura vial y férrea y, por último, mejorar la calidad y acceso a la información que permita a los inversionistas crear núcleos de intervención forestal a gran escala.
Finalmente, se debe brindar seguridad jurídica a los inversionistas del sector forestal mediante instrumentos que garanticen derechos de propiedad y usos del suelo de las tierras en las cuales se desarrollen proyectos forestales. “Hay que entender que estamos hablando de inversiones de largo plazo, cultivos de tardío rendimiento que requieren seguridad para el inversionista. Si a este Colombia le modifica las reglas de juego tributarias o de uso del suelo al año 10 de su inversión, creamos desconfianza como país y perdemos la oportunidad, todos perdemos”, comentó Vásquez.
De implementar estas medidas, Colombia podría cumplir el objetivo del gremio de alcanzar una cero deforestación, desarrollo e inclusión rural y campesina, una producción equivalente a USD25.700 millones, exportaciones por más de USD5.900 millones y la generación de 200 megavatios por hora (MWhr) a partir de biomasa forestal. Así mismo, se disminuiría la presión sobre el bosque natural mediante la restauración de la biodiversidad, la protección del suelo contra la erosión, la captura de dióxido de carbono (CO2) y la regulación del ciclo hidrológico.
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