Para el senador Iván Marulanda Gómez el hecho de que Colombia no sea un Estado Social de Derecho, tal como lo concibieron los 70 constituyentes que redactaron la Constitución de 1991, –él entre ellos- se debe a que mantiene la misma clase política, desconectada con el espíritu de la Carta Política.
Esa afirmación la hizo durante el Conversatorio Constitución y Clase Política de Colombia, evento organizado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores de Norte de Santander y la Fundación Premio Nacional de Periodismo La Bagatela en Cúcuta, el pasado 29 de julio en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero.
En el mismo participaron además el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, el exprocurador Fernando Carrillo Flórez y el exrepresentante a la Cámara por Norte de Santander, Jaime Buenahora Febres Cordero.
En su análisis sobres las desigualdades sociales que han provocado protestas y marchas de los jóvenes este año en el país explicó, que la cultura de la política se ha desarrollado, desde el nacimiento de la República, 1821, dentro del clientelismo, la hegemonía y la violencia. “El Estado se ve como una oportunidad de empleo, como una manera fácil de vivir y sobrevivir. La fuerza política acapara el poder para sus amigos, los de su bando, de su cuerda política. Y se hace con violencia, que es un recurso considerado casi como normal para obtener los resultados”, dijo.
“La violencia siempre ha estado presente, esta incrustada en la política. Aquí se impone el
poder por la razón de la fuerza y se excluyen la conversación, el diálogo, la concertación y la construcción de un país a partir de la inteligencia. La política clientelista ha bañado de sangre el país”, agregó. A ese paisaje de la mala política sumó además el fraude, del que dijo se ve, con toda la naturalidad. “Está ahí, es predominante, y no hablamos del robo de unos votos, sino que está legitimado en la conciencia de la política y se accede a él a través del dinero, de la corrupción burocrática y de todo lo que rodea el proceso electoral.
Marulanda Gómez manifestó que cuando la juventud de un país sale indignada a protestar en las calles de su país llevan una señal transparente de un dolor, que es el reflejo de un dolor social.
Pese a las condiciones que introdujo la Constitución de 1991 para el pueblo colombiano, el senador señaló que el problema fue que no se cambió la clase política, que aprobada la Carta Política entró como pirata a darle leño para cambiarla. En 30 años le han hecho 56 reformas para acomodarla a sus intereses personales.
Sobre estos ataques politiqueros a la Constitución el exmagistrado Beltrán Sierra recordó el de 1989, cuando los parlamentarios intentaron meter en una reforma el mico para prohibir la extradición de narcotraficantes, lo que no permitió el Presidente de entonces, Virgilio Barco, quien prefirió hundirla a dejar pasar ese artículo.
Así mismo se refirió a la prolongación del periodo presidencia que arbitrariamente aprobó el Congreso de 2016, para reelegir el Presidente de la República, poniendo en peligro la división de las ramas del poder, consideradas sagradas y como un instrumento civilizado para evitar la concentración y el abuso del poder. Esa prolongación la acabó el Presidente Juan Manuel Santos.
“Los colombianos lo que reclaman es la vigencia social de la Constitución, que se cumpla.
Es inadmisible 23 millones de colombianos ganándose menos del salario mínimo. Hay que acabar con los problema sociales de vieja data, con la paz de las arma del fuego y del sepulcro, y lograr la paz de la convivencia pacífica y la justicia social”, dijo.
REVIVIR EL ESPÍRITU SOCIAL DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991
Para el exprocurador Fernando Carrillo Flórez, la Constitución de 1991 tiene todas las herramientas para encontrar la salida a los problemas sociales del país, pero se necesita voluntad política para realizar esos cambios.
En su intervención recordó que el principio de igualdad y lucha contra la desigualdad social quedó consagrado en la Carta Política que “no fue redactada por representantes de los partidos políticos tradicionales, sino por gente que luchaba por la búsqueda del interés público y no por contratos o nombramientos. No fueron camarillas políticas, como probablemente si lo fueron en los otros procesos Constituyentes de la historia de Colombia”, afirmó.
“Ese proceso –agregó-, hizo crujir la política y lo que salió fue una Constitución, que como un vestido le quedo grande a Colombia y empezó apretarle a muchos que la sintieron incomoda y viven atacándola. Por ejemplo, cuantas veces no hemos visto como intentan modificar la tutela, restringir sus efectos, sostener que es populismo constitucional, cuando ha sido el mayor factor de acceso a la justicia, la mayor democratización de la justicia que ha habido en Colombia en los últimos 30 años”.
Según el constituyente, lo que ha sucedido en el país, en esas tres décadas, es que la mayoría de los gobiernos y los parlamentarios han ido en contravía de los principios del Estado Social de Derecho.
Ese cumplimiento, dijo “ha sido más responsabilidad de la jurisprudencia de la Corte Constitución frente a la inacción, negligencia o confusión en la que han entrado –los dos poderes- para aprobarlas las reformas sociales que necesita Colombia, que venían de antes y que la pandemia exacerbo.
Para él, el poder político, “hoy más, que nunca tiene que mostrar su capacidad de cambio para hacer las 10 o 12 reformas sociales que nunca se han podido hacer en Colombia, tiene que generarse una reconexión entre a sociedad y la política, echar abajo la toxicidad del lenguaje político y el ambiente de polarización que muchos defienden, como si la polarización extrema fuera consustancial con el debate democrático. Nada más falso, porque es la antítesis del dialogo, y del consenso que requiérela democracia, porque en un sistema democrático las decisiones se toman sentando en una mesa a los contradictores, no se imponen de manera autoritaria” sostuvo.
LA CONSTITUCIÓN DE 1991 ESTA SECUESTRADA
El abogado, sociólogo, docente y escritor, Jaime Buenahora Febres-Cordero, señaló a su turno que no hay necesidad de pensar en una nueva Constitución para Colombia, sino en aplicar contundentemente la de1991 que fue un pacto colectivo para construir un nuevo país, en medio de la violencia que se vivió en la década de los 80s.
“La gran contribución es lo que conocemos como Estado Social de Derecho. Antes
girábamos en torno al Estado de Derecho, se hablaba de libertada e igualdad ante la ley, pero quedaba en abstracciones, nunca se lograba igualdad material, ni indicaba que el Estado en sus políticas, debiera propende por ellas”, manifestó “Ese adjetivo, Social, significaba compromete al Estado a superar la abstracción de la libertad e igualdad para hacerlas prácticas, reales, es decir, el Estado tiene que trabajar hasta alcanzar, sino la igualdad material en términos absolutos, que por lo menos otorgue las herramientas para la igualdad de oportunidades que poco a poco conduzcan a esa democracia en donde los principios rectores de la dignidad de las personas sean siempre el
norte a seguir”, agregó.
Aclaró, que en los 30 años que han transcurrido de la Carta Política eso no se ha cumplido,porque quienes llegaron a los poderes ejecutivo y legislativo, fue la misma clase política de antes de 1991, reciclada y renovada en edades, pero no en la costumbre de utilizarla para sus intereses personales.
“La controlaron e interpretaron no para una visión social demócrata, sino para sus intereses, la secuestraron y conservaron sus desviaciones tradicionales de clientelismo, participación en la contratación pública, donde el Presidente arrodilla a los congresistas, pero estos disfrutan esa arrodillada por las prebendas”
Explicó que así sucedió en muchos países en el mundo, y la institucionalidad facilitó la ruta al neoliberalismo empujando la privatizaciones de entidades públicas, la devaluación de las monedas el derrumbe de aranceles para la libre importaciones de bienes y servicios.
“Y seguimos en el tren neoliberal que es contradictorio a la puesta en marcha de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, en 30 años avanzó le educación privada pero apoyada en un gran mercantilismos, cómo puede un asalariado, (que son el 46% de la población, cerca de 24 millones de colombianos), hacer para que su hija estudie medicina en una un privada cuando el semestre vale 23 o 24 millones de pesos”.
“Se consagró la salud como un derecho universal, pero se introduce la intermediación que solo piensa en la renta y el beneficio, no se desarrolló un esquema que defienda la salud, y tampoco los recursos naturales ni las empresas y la industria nacional”.
Con respeto a la economía, Buenahora Febres Cordero recordó que el mal desarrollo de la Constitución de 1991 nos llevó a pasar de una relación comercial con Estados Unidos que era de 20.000 millones de dólares exportación a 14.000 millones de dólares, y de importar 13.700 millones de dólares a 16.000 millones de dólares.
