Una nueva alerta ante la eventual suspensión de los servicios de salud en las cárceles del país, dados los inconvenientes que se vienen presentando con la operación del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, lanzó la Defensoría del Pueblo al pedir explicaciones sobre las fallas que ponen en riesgo los derechos de 122 mil personas recluidas en 137 establecimientos del país.
Este nuevo llamado se desprende de graves hallazgos como resultado de visitas recientes a cárceles de Bogotá, Villavicencio, Tuluá, Quibdó, Cúcuta y Popayán, así como de múltiples comunicaciones recibidas por la Defensoría Delegada para la Política Criminal respecto de las deficiencias que aquejan los internos en varias regiones del territorio nacional.
Entre otros factores, es motivo de preocupación para el organismo humanitario el manejo de los residuos hospitalarios, como se constató en la cárcel San Isidro de Popayán, donde hace más de 3 meses que dichos elementos no son retirados del establecimiento y que con su progresiva descomposición representan un riesgo elevado para la integridad no sólo de quienes están privados de la libertad, sino también para el personal de guardia y funcionarios que laboran en el centro de reclusión.
Allí mismo (donde hay alrededor de 3.000 internos), la inspección humanitaria de la Defensoría permitió establecer que de los 16 pacientes diagnosticados con VIH, solo 4 recibieron medicamentos recientemente, mientras el resto de sus compañeros lleva meses sin acceder a lo ordenado en sus prescripciones. La situación en San Isidro es de tal naturaleza que hay tutelas para obtener un simple Omeprazol.
En Tuluá (done sólo hay auxiliares de enfermería y odontología pero no personal médico) y La Modelo de Bogotá, la Defensoría del Pueblo también encontró que las 40 y 10 personas privadas de la libertad que padecen VIH, respectivamente, no reciben medicamentos desde enero, falencia que se extiende a quienes padecen otras patologías crónicas como la hipertensión y la diabetes.
Tal como se ha advertido en otras oportunidades para distintos centros de reclusión, las cárceles de Villavicencio y Quibdó adolecen de insumos médicos, la asistencia de la red externa de operadores es nula o precaria (en el mejor de los casos) y los profesionales contratados por el Fondo a través de Fiduprevisora y Fiduagraria ya no prestan sus servicios debido al incumplimiento en el pago de los honorarios. Esto mismo ocurre en Cúcuta, donde además el represamiento de procedimientos especializados se acerca a los 500 casos.
Por todo lo anterior, la Defensoría del Pueblo requirió al Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad, para que le informe al país si está en capacidad o no de asegurar en el corto plazo los servicios mínimos que demanda esta situación, y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que contrate cuanto antes la auditoría respecto a las obligaciones del consorcio fiduciario y entre tanto ejerza directamente en el plano de sus competencias la verificación respectiva.
Cabe recordar que el pasado 18 de marzo, el Defensor del Pueblo (E), Alfonso Cajiao, envió una comunicación escrita al Presidente de la República solicitando la intervención directa del Gobierno frente a este delicado panorama, por lo cual la Defensoría insiste y espera que se acuda a mecanismos de choque como la emergencia social que tanto se ha pedido para los establecimientos de reclusión en el país.
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