El próximo domingo (24 de abril) se efectuarán en Norte de Santander, al igual que en todo el país, las elecciones de las Juntas de Acción Comunal, una jornada electoral que es catalogada de suma importancia, al elegirse en ellas a los líderes que representarán a los pueblos ante las administraciones municipales y departamentales, entre otros.
Es por eso que la Gobernación de Norte de Santander, a través de la Secretaría de Gobierno, implementa desde ya lo necesario en temas de seguridad para preservar la tranquilidad y el orden durante y después del ejercicio electoral.
El titular de este despacho en la región, Yebrail Haddad Linero, convocó a un consejo de orden público, al que asistieron autoridades policiales y militares, para establecer qué tipo de anillos de seguridad blindarán la jornada democrática.
Consideraron necesario generar planes especiales de contingencia e inteligencia en los que se emplearán 9 mil hombres de la Fuerza Pública, quienes preservarán la seguridad de las 33 mil personas que están habilitadas para sufragar.
Entre las restricciones que estudiaron las autoridades, está la prohibición del porte de armas, incluso con salvoconducto, también se acordará con los alcaldes tomar medidas excepcionales en el tránsito vehicular, como evitar los parrilleros en los motorizados y no permitir el transporte de escombros y cilindros de gas.
También estudian la posibilidad de implantar la Ley Seca, aunque hasta el momento es una recomendación que se le hará a los Alcaldes de la región, para evitar desordenes en medio de las votaciones.
En esta jornada electoral, serán elegidas 2.770 Juntas de Acción Comunal, de las cuales 2.480 hacen parte de los 39 municipios que tiene Norte de Santander, sin contar a Cúcuta, por lo que se espera que las medidas de seguridad surtan efecto entre los sufragantes.
En este consejo de orden público participaron los comandantes de la Policía Metropolitana, coronel Jaime Alberto Barrera; y de la Brigada 30, coronel Wilson Camargo Tamayo; el procurador regional, Juan Carlos Bautista, y funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el CTI, la Fiscalía y Migración Colombia.
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