En evento liderado por el Presidente de la República, Iván Duque, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, el sector público colombiano conmemoró el Día Mundial de la Discapacidad con el ingreso, con corte a diciembre, de 3.877 personas con discapacidad a 591 entidades públicas, cifra que evidencia los notables avances del país en el cumplimiento del Decreto 2011 de 2017, programa de inclusión en el empleo público que lidera Función Pública.
Esta norma establece que para el 31 de diciembre de este año al menos el 2% de las plantas de entidades de hasta 1.000 empleos deberán ser cubiertos por personas con discapacidad; si la planta cuenta entre 1.001 y 3.000 empleos, debe proveer el 1%; y si son plantas mayores a 3.000 empleos, se debe proveer el 0,5%.
El Presidente Duque afirmó que su administración quiere contar con «un Plan Nacional de Desarrollo que también se oriente a producir impactos de beneficio para las personas con discapacidad, para que sientan un avance» y celebró que Función Pública, «en cabeza de su director Fernando Grillo, se haya fijado metas para que las entidades dispongan plazas para vincular a personas con discapacidad en sus plantas», sostuvo el Primer Mandatario.
En esta conmemoración, adicionalmente, la Procuraduría se sumó al llamado de Función Pública para que las entidades continúen abriendo sus puertas a las personas con alguna discapacidad a través de la expedición de la Circular conjunta 025, en la que se establece que se hará seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 2011 de 2017.
Así mismo, el Procurador General manifestó su agradecimiento a las entidades que se han vinculado en esta gran estrategia de inclusión laboral, y exhortó para que se aumente el número de entidades públicas vinculando personas con discapacidad.
Por su parte, el director de Función Pública, Fernando Grillo, valoró el trabajo articulado del Gobierno Nacional, liderado por la Consejería para la Participación de Personas con Discapacidad, y en alianza con el Ministerio de Trabajo y el Servicio Público de Empleo. «Desde el inicio del Gobierno del Presidente Duque se ha registrado un crecimiento del 95 por ciento en materia de inclusión laboral. Debemos fortalecer la gestión a nivel territorial para lograr la meta de contar con al menos 12 mil servidores con discapacidad en la administración pública al final del cuatrienio», aseveró Grillo.
Finalmente, con el propósito de establecer un compromiso por el bienestar de la población con discapacidad, la Presidencia de la Republica y la Procuraduría General de la Nación lideraron la suscripción de la Carta de Principios por la Inclusión y los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual se sumaron Función Pública, los ministerios de Salud, Trabajo, Deporte, la Contraloría General de la República, el DANE y el ICBF, entre otros.
Las cifras de vinculación en los órdenes nacional y territorial con corte a diciembre de 2019
De acuerdo con el más reciente reporte del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP, del total de personas vinculadas, 1.645 laboran para entidades del orden nacional y 1.563 pertenecen al orden territorial.
Adicionalmente, la Rama Judicial cuenta con 420 personas con discapacidad en sus entidades; los órganos de control, 96 en el orden nacional y 83 en el territorial; a los entes autónomos nacionales han ingresado 40 nuevos servidores y en los territoriales 19; finalmente, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición cuenta con 9 servidores con discapacidad y la Rama Legislativa con 2.
El balance del orden territorial destaca al Distrito Capital de Bogotá y a los departamentos de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Valle del Cauca como las regiones con el mayor número de entidades que cumplen la norma.
Caracterización de las personas con discapacidad vinculadas
De acuerdo con el SIGEP, los hombres representan el 57% y las mujeres el 43% del total de personas con discapacidad en el servicio público.
En cuanto al tipo de vinculación de estos servidores públicos, el 37,4% hace parte de la carrera administrativa; el 33%, tiene nombramiento provisional; el 9,1% es de libre nombramiento y remoción y el 2,2% son trabajadores oficiales.
La discapacidad más frecuente entre este grupo de servidores públicos es la física con 41,8%; a continuación están la visual, con 27,5%, y la auditiva, con 9,5%.
Cierran este listado la discapacidad múltiple, con 2%; la psicosocial, con 3,5%, y la intelectual con 2,8%.
Adicionalmente, es de resaltar los altos niveles educativos que ha alcanzado esta población, representado en que el 35% cuenta con estudios profesionales; el 16% presenta una especialización, el 22% acredita estudios en carreras técnicas y tecnológicas.
“Queremos invitar una vez más a las entidades públicas para que vinculen personas con discapacidad a sus plantas y cumplan con la primera fase de la norma, hñ que cierra en diciembre de este año”, aseveró el director de Función Pública, quien resaltó los importantes avances del trabajo articulado entre varias entidades públicas “que hemos adelantado para sensibilizar a las entidades para coordinar con todos los actores institucionales y promocionar los ajustes razonables que se requieren en el sector público. No duden en consultarnos, en nuestra entidad estamos dispuestos a asesorarlos en este proceso”, aseguró.
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