El pasado jueves 12 del mes en curso, radiqué ante la Procuraduría Regional de Norte de Santander una queja contra la Administración Municipal de Cúcuta, en cabeza del Señor Alcalde Municipal y el Secretario General de la Alcaldía, por la forma ilegal en que se adelanta el proceso de Alianza Público Privada para concesionar servicios y funciones de la Secretaría de Tránsito, y las rentas municipales que se asocian a tales servicios y funciones. Considero que el proceso contractual que se adelanta es violatorio de la Ley por las siguientes razones que se explican con detalle en el memorial que presenté a la Procuraduría (anexo en archivo PDF): 1. Porque pretende concesionar el recaudo de todas las rentas municipales asociadas a la Secretaría de Tránsito, lo que está prohibido por la Ley. 2. Porque la concesión de servicios y funciones de la Secretaría de Transito que se pretende adelantar implica resarcir la inversión del concesionario con el aprovechamiento de rentas públicas en un porcentaje mayor al máximo permitido por la Ley, que es 20%. Dichas rentas se originan en los siguientes recaudos y servicios: estacionamiento en zonas amarillas y azules, tarifas por prestación de diversos servicios, renovación y mantenimiento de la red semafórica, fotomultas, operación del registro automotor, administración de patios, expedición de placas, licencias de tránsito, traslado de matrícula, traspaso de propiedad, cobro de la cartera de comparendos, etc. 3. Porque si se cumpliera lo mandado por la Ley y el concesionario limitara el aprovechamiento de las rentas públicas al 20% del total de lo que se compromete a invertir, porcentaje que se excede en la propuesta presentada, solo podría adelantarse la APP mediante Licitación Pública, por utilizar rentas públicas para resarcir la inversión del concesionario. 4. Porque en la forma en que se adelanta el proceso, sin que medie Licitación Pública, se están violando las restricciones a la contratación estatal que impone la Ley de Garantías Electorales. 5. Porque se están violando flagrantemente los principios de transparencia y publicidad, puesto que nadie conoce los términos exactos de la propuesta privada de APP, y lo informado al respecto por el Alcalde y sus secretarios de despacho en sus declaraciones a los medios de comunicación es engañoso, al decírsele a la ciudad que se va a suscribir una APP para renovar la red semafórica, cuando lo que se está pensando entregar por 20 años es la Secretaría de Tránsito en su totalidad. Concluyo en mi alegato a la Procuraduría Regional, con copia al Procurador General de la Nación y al Contralor Municipal, que la Administración Municipal pretende embarcar a la ciudad en un negocio de concesión ilegal por 20 años de la Secretaría de Tránsito, a espaldas de la ciudadanía y a espaldas de otros posibles proponentes que puedan garantizar que el concesionario escogido ofrezca las mejores condiciones para el Municipio. Por estas razones le solicito a la Procuraduría su pronta intervención para suspender este proceso e iniciar las acciones disciplinarias que considere convenientes. Cordialmente,
Pedro Durán Barajas Concejal de Cúcuta
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