La Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales ha logrado un importante avance en la lucha contra la explotación sexual de menores y la trata de personas. A través de la implementación de la Estrategia Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia, se llevó a cabo un allanamiento en el barrio Los Alpes, culminando con la captura en flagrancia de dos individuos por los delitos de trata de personas, pornografía con menores de 18 años, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones.
Durante el operativo, se rescató a dos adolescentes de 17 años, de nacionalidad venezolana, que estaban siendo empleadas para generar contenido pornográfico que sería transmitido en vivo a través de una plataforma de redes sociales. Cabe destacar que la ubicación del lugar de captura se encontraba a escasos 100 metros de una institución educativa, y fue gracias a las denuncias de la comunidad que se logró obtener este importante resultado.
En el lugar de los hechos, se procedió a la incautación de un revólver calibre 38 con 5 cartuchos del mismo calibre, 23 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, 1 computadora portátil marca HP y 8 trípodes con aros luminosos. Todos estos elementos serán presentados ante la autoridad competente como parte de las pruebas del caso.
Los detenidos, identificados como Angélica Katerine Piragauta Ríos y José Gregorio Villamizar Ríos, de nacionalidad colombiana, fueron informados de sus derechos como personas capturadas y puestos a disposición de la autoridad judicial, junto con los elementos incautados. Un juez dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario y penitenciario para ambos individuos.
Este operativo representa un golpe contundente contra la delincuencia que se dedica a la explotación sexual de menores y la trata de personas en la región. La Policía Nacional reafirma su compromiso de velar por la protección de los derechos de los más vulnerables y continuar trabajando en la erradicación de estos delitos. Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad ilícita que atente contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, contribuyendo así a construir una sociedad segura y libre de explotación.
