Solicitar ante las autoridades competentes los permisos respectivos, que permitan en coordinación con la Policía Nacional, Organismos de Socorro y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, garantizar los derechos colectivos y la normalidad del orden público, pidieron las autoridades de gobierno, instituciones de seguridad y gremios de la producción a los líderes campesinos.
La anterior petición se hace con base a la circular 02 de 2014 remitida por el Ministerio del Interior a los Mandatarios Seccionales y Municipales, en la que los insta a acatar las normas para otorgar las autorizaciones respectivas para la movilización y demás que garanticen el normal desarrollo de protesta social.
Según los representantes de Ascamcat los marchantes saldrán de la zona de Catatumbo (Tibú, El Tarra, Convención, Teorama, El Carmen, San Calixto, Hacarí, La Playa, Abrego, Sardinata y Ocaña), este martes y se desplazarán hacia la capital santandereana para participar del paro pacífico previsto para este 9 de mayo.
Mediante un comunicado a la opinión pública, el gobernador (e), Gregorio Angarita Lamk, los representantes de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Ejército, Fiscalía, CTI, Migración Colombia, Cámara de Comercio, Fenalco y Gremios del Sector Productivo, acordaron respetar los derechos a la libre movilización y protesta pacífica por parte de las autoridades.
Así mismo, de conformidad con la Constitución Política se garantizará el derecho a la reunión y a la protesta, pero ésta deberá cumplir con la condición de efectuarse sin armas y no afectar los derechos fundamentales de quienes no participan en la protesta, en cumplimiento de los artículos 102 a 107 del Código Nacional de Policía.
De igual manera, se velará por los derechos de toda la población a la libre movilidad, la apertura de los establecimientos comerciales, el normal funcionamiento de los centros educativos, de salud y de las demás instituciones.
La Procuraduría Regional de Norte de Santander exhorta a los Gobernadores y Alcaldes a resguardar el orden público en su jurisdicción como primeras autoridades policiales y por tal efecto deberán garantizar el buen uso y restablecimiento en su defecto de la vía pública, el respeto a propiedad, trabajo, desarrollo al comercio, educación, entre otros como garantías constitucionales.
Finalmente, señalan que le agradecen a la comunidad la confianza en las instituciones con nuestro compromiso de garantizar el orden público, la tranquilidad de sus familias, la prestación de los servicios públicos, la continuidad de las actividades empresariales y de la productividad de la región.
Discussion about this post