El protocolo para la prevención de desastres se ha venido cumpliendo paso a paso con el objetivo de preservar la vida de los habitantes de Tucunaré. Con el liderazgo del alcalde Donamaris Ramírez-París Lobo, la administración municipal y más de 50 profesionales que van desde trabajadores sociales hasta geólogos, se socializa la problemática del suelo con 93 familias que ubicaron su morada en esa zona de alto riesgo.
El imperativo de la naturaleza es que estos ciudadanos cucuteños deben evacuar la zona. Para ello, las autoridades ambientales, los organismos de socorro y las agencias gubernamentales han dispuesto un plan de desalojo y reubicación.
El alcalde Ramírez-París y los secretarios de despacho apoyados de los profesionales les explican a los habitantes de la zona, por qué deben salir. Hoy, se inició un nuevo censo para establecer cuántos ancianos y niños hay en inminente peligro. Por eso también hicieron presencia funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
“Necesitamos saber a ciencia cierta cuántas son las personas que pertenecen a las 93 familias y requerimos llegar a 15 familias más que no han permitido censarse”, dijo el secretario de Bienestar Social Jorge Acevedo. A su voz se unió la de Luz Karime Coronel, quien explicó la urgencia de evacuar la zona en alto riesgo.
Las personas que sean desalojadas contarán con un subsidio de arriendo y quedan incluidas automáticamente en uno de los planes de vivienda del municipio.
“Sabemos que es duro tener que salir de las casas, pero es necesario para preservar la vida, no podemos exponer a nuestros niños y abuelos, al igual que la ciudadanía en general, por eso debemos actuar de forma rápida y eficiente, dijo el Alcalde.
La medida del desalojo y posterior demolición fue tomada en sesión extraordinaria del Comité Local para la Atención y Prevención de Desastres (Clopad). De inmediato fue declarada la Calamidad Pública, figura con la que se puede acceder a recursos nacionales a través del Fondo de Calamidad.
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