Junto con los 40 alcaldes de municipios fronterizos, reunidos en la capital de Norte de Santander, el Alcalde de Cúcuta Donamaris Ramírez-París Lobo, quien instaló el evento, se adelantó el análisis de la realidad fronteriza que perciben los mandatarios locales, dejando propuestas para mejorar las políticas de fronteras.
Bajo la moderación de Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, se dio paso a la intervención de monseñor Víctor Manuel Ochoa Obispo de Cúcuta, Rafael Ricardo Ceballos Sierra alcalde de Riohacha y Aldo Morales representante de las Naciones Unidas. En representación de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastre, intervino Norella Arenas Valencia, Director de gestión de riesgo de Norte de Santander.
Para el Alcalde, cada municipio fronterizo tiene su manera particular de enfrentar la situación, lo que se concluye, tras su propuesta, es dejar consolidado ante la Presidencia de la República y el consejo de ministros, trabajar durante dos meses y medio, para que los próximos alcaldes tengan una reglamentación y metodología propia del estado, para enfrentar la situación que va a proseguir con Venezuela.
Desde su óptica, Iván Mustafá Director de Regiones de la Presidencia de la República, destacó el evento como muy importante, porque permitió el análisis de la ayuda humanitaria por parte del estado y por otra parte la emergencia económica que el gobierno decretó.
Los alcaldes recopilarán información y apoyados en sus secretarios de Planeación, construirán un documento con propuestas que serán presentadas ante el gobierno nacional para estudiar su viabilidad.
“Se trata de dejar una semilla germinada para los próximos gobernantes locales, para que puedan continuar con los proceso, que sean soluciones sostenibles”, puntualizó el alcalde Donamaris.
Los alcaldes de Pamplona y Ocaña, entre otros, municipios pidieron ser tenidos en cuenta como entes territoriales fronterizos para acceder a los beneficios que trae la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica, decretada desde el 7 de septiembre con motivo del cierre de la frontera.
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