En respuesta al violento atentado con explosivos sucedido el 16 de julio en la región del Catatumbo, específicamente en Tibú, el Ejército Nacional ha incrementado significativamente sus operaciones militares. El ataque, que tuvo como objetivo la Fuerza de Tarea Vulcano, dejó a cuatro civiles heridos, incluida una menor de edad.
Las autoridades llevaron a cabo un consejo de seguridad en la zona para evaluar la situación. El comandante, coronel Wendell Fernández Porras, acompañado de unidades de la Policía Nacional, inspeccionó el lugar del atentado y condenó firmemente esta acción, que atribuyó a grupos armados organizados activos en la región. Fernández describió el uso de artefactos explosivos improvisados como «una vil acción terrorista», subrayando que representa una clara violación al Derecho Internacional Humanitario por poner en peligro a la población civil.
Según informes preliminares, la integridad de la infraestructura militar y del personal de la Fuerza de Tarea Vulcano no se vio comprometida. Fernández aseguró que continuarán implementando estrictas medidas de seguridad y llevando a cabo operaciones para identificar y neutralizar a los culpables. Además, se ha informado que el incidente será investigado a fondo por las autoridades competentes.
La utilización indiscriminada de explosivos en áreas habitadas por civiles desafía los principios de distinción y precaución del Derecho Internacional Humanitario, afectando gravemente los derechos de los habitantes del Catatumbo, destacaron las autoridades. Frente a esta situación, las Fuerzas Militares han reafirmado su compromiso de mantener un despliegue efectivo en la región para asegurar la protección de la comunidad y avanzar en la captura de los responsables del ataque.
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