Colombia se encuentra en el umbral de una de las reformas más significativas en materia aduanera de la última década. El Proyecto de Ley 312 de 2025, radicado ante el Senado el pasado 30 de octubre, tiene como objetivo actualizar el régimen sancionatorio aduanero, introduciendo nuevas reglas de control, trazabilidad y gestión de riesgos en línea con las tendencias globales.
Aunque la propuesta incorpora herramientas tecnológicas esenciales, su debate ya genera inquietud en el sector empresarial y legal debido al potencial impacto que podría tener en la seguridad jurídica y la competitividad del comercio exterior.
Un análisis detallado realizado por los expertos de KPMG Colombia indica que, si bien el proyecto contiene avances técnicos valiosos —como la adopción de inteligencia artificial, big data y la interoperabilidad de sistemas—, también presenta riesgos regulatorios que, de no corregirse, podrían incrementar la incertidumbre y la litigiosidad en el país.
El análisis de la firma subraya que el proyecto se alinea con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) al promover la digitalización y el uso de la IA para robustecer la gestión de riesgos y la detección de operaciones sospechosas, permitiendo mayor trazabilidad y transparencia.El Riesgo de Inseguridad Jurídica
No obstante, los expertos de KPMG advierten que el texto aún presenta «zonas grises» en la definición de infracciones y, al mismo tiempo, otorga facultades sancionatorias amplias a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sin que los mecanismos de defensa para los operadores se fortalezcan de forma proporcional.
Sebastián Mendivelso, Gerente de Global Customs & Excise en KPMG Colombia, enfatizó la necesidad de un mayor equilibrio:“La reforma introduce innovaciones necesarias, pero aún carece de un equilibrio claro entre el control aduanero y la garantía de derechos para los operadores. Si no se definen mejor las conductas sancionables y los mecanismos de defensa, podrían mantenerse los escenarios de inseguridad jurídica que la Corte Constitucional ya había advertido.”
Esta preocupación surge a pocos meses de la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, la cual reiteró la obligación del Estado de garantizar el debido proceso, la proporcionalidad y la seguridad jurídica en la aplicación del régimen sancionatorio. Para KPMG, el Proyecto de Ley 312 aún no logra corregir plenamente las deficiencias señaladas por el alto tribunal.Llamado a Ajustes Técnicos
Adicionalmente, la firma llama la atención sobre el riesgo de mayores cargas administrativas para las pequeñas y medianas empresas (pymes), cuya competitividad podría verse comprometida ante los nuevos y exigentes requerimientos de reporte y trazabilidad que exige la iniciativa.
En este contexto, KPMG considera fundamental que el Congreso incorpore ajustes técnicos que garanticen una regulación moderna, clara y plenamente alineada con las mejores prácticas internacionales, buscando equilibrar la modernización tecnológica con el marco de garantías.
Mendivelso concluyó que el Proyecto de Ley 312 es una oportunidad de oro para el país, siempre y cuando se priorice la confianza:“Colombia puede aprovechar esta reforma para construir un sistema más transparente, digital y predecible, pero debe hacerlo sin sacrificar la seguridad jurídica que permite atraer inversión y fortalecer la confianza en el comercio exterior.”
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