En un contexto donde la población mayor de 60 años en Colombia podría representar el 32 % para 2070, según el Banco de la República, surge una inquietud clave: ¿están preparados los millennials para envejecer?
La generación nacida entre 1981 y 1996, que hoy ronda o supera los 40 años, enfrenta una adultez marcada por la precariedad económica, la ansiedad colectiva y cambios culturales profundos. A diferencia de sus predecesores, no tienen garantizado un sistema de pensiones sólido ni acceso generalizado a vivienda propia o empleos estables.
El entorno los define, no los estigmas
Según Joaquín Mateu Mollá, director de la Maestría Oficial en Gerontología y Atención Centrada en la Persona de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), los prejuicios sobre esta generación son infundados.
“No son una generación frágil ni fallida. Han transitado escenarios históricos muy complejos que impactan su salud mental, su economía y su visión de futuro”, explica.
Las guerras, las pandemias, la inflación persistente y los cambios acelerados del mercado laboral han transformado sus aspiraciones y formas de relacionarse, y esto modificará también la forma en que envejecerán.
Nuevas prioridades para una nueva longevidad
Los millennials priorizan la salud mental, la flexibilidad laboral, la libertad financiera y las experiencias significativas sobre la acumulación material. Pero esta visión más fluida de la vida adulta no siempre encuentra respaldo en un entorno que aún espera modelos tradicionales de éxito y estabilidad.
“En lugar de ahorrar para una jubilación clásica, buscan adaptarse con habilidades digitales, movilidad laboral y redes de apoyo emocional más horizontales”, afirma Mateu Mollá.
Un país poco preparado para su propio envejecimiento
En Colombia, solo el 25,5 % de los adultos mayores tiene pensión, y muchos deben continuar trabajando en condiciones precarias. La situación se complica si consideramos que los millennials podrían llegar a la vejez sin ahorros suficientes ni redes de seguridad estatales robustas.
Esto plantea un reto mayúsculo para las políticas públicas del país, que deben evolucionar hacia modelos de atención integral, educación financiera desde la juventud y reformas estructurales que garanticen una vejez digna para esta y futuras generaciones.
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