En un operativo de gran envergadura, denominado “HADES I”, las autoridades lograron la captura de 24 personas en Cúcuta y la imputación de cargos a 9 delincuentes recluidos en diferentes cárceles del país, vinculados a la estructura criminal conocida como el Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “Familia P”. Este grupo, liderado por el cabecilla Ever Carreño, alias “Porras”, ha sido responsable de múltiples delitos en la región, incluyendo homicidios, extorsión y tráfico de estupefacientes.
Durante más de cuatro meses, las autoridades, en un trabajo interinstitucional, llevaron a cabo una exhaustiva investigación que incluyó la recolección de más de 720 horas de video y evidencia física. Este material probatorio permitió ejecutar una operación simultánea en las cárceles La Picota y El Buen Pastor, en Bogotá, Doña Juana en La Dorada (Caldas), Palo Gordo en Girón (Santander) y La Modelo en Cúcuta. En estos centros penitenciarios se imputaron cargos a nueve miembros de la organización, entre ellos alias “Porras”, líder del grupo, recluido en La Picota, y sus lugartenientes, alias “Lili”, “Yeyo” y Andrés Sosa.
Simultáneamente, las autoridades realizaron 21 diligencias de registro y allanamiento en los barrios de las comunas 6, 7, 8 y 9 de Cúcuta, donde capturaron a 21 personas, de las cuales tres fueron detenidas en flagrancia y 18 por orden judicial. Entre los capturados se encuentran cinco sicarios, identificados como alias “La Machito”, “Morci”, “Tonny”, “Joiker”, “Dylan” y “Roger”, además de miembros clave encargados de las finanzas de la organización, conocidos como alias “Sandra”, “La Mica” y “Postobón”.
El operativo también incluyó la captura de dos miembros activos de la Policía Nacional, quienes presuntamente colaboraban con esta estructura criminal. Según las investigaciones, alias “Porras” mantenía una alianza con el grupo criminal GDCO “AK-47”, con quienes controlaba el tráfico de estupefacientes y realizaba extorsiones y homicidios selectivos en la región.
Con este operativo, las autoridades lograron desmantelar una estructura que generaba ingresos anuales por más de 7.300 millones de pesos a través del tráfico de más de 8.000 dosis diarias de estupefacientes. Además, se les atribuye la participación en al menos 72 homicidios, de los cuales 54 fueron cometidos en 2024.
Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario, mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
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