Desde hace cuatro meses, FENALCO y la mesa sectorial de concesionarios de la ciudad han venido trabajando arduamente junto al personal de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda Departamental y funcionarios de la Gobernación. El objetivo es encontrar una solución jurídica que permita que más de seis mil contribuyentes, quienes adquirieron vehículos durante los años 2021 y 2022, puedan resolver los requerimientos especiales notificados desde el 4 de junio de este año por la Administración Departamental.
La controversia surge debido a retrasos en el pago del impuesto vehicular de la primera vigencia fiscal, en relación con la fecha de matrícula de los automotores. De acuerdo con la legislación nacional y las directrices del Ministerio de Transporte, el impuesto vehicular debe pagarse antes de la inscripción del vehículo en el registro automotor, trámite a cargo de los Organismos de Tránsito. Sin embargo, estos organismos son los responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos antes de emitir las licencias de circulación.
Los contribuyentes que presentaron la documentación para matricular sus vehículos confiaron en que el Organismo de Tránsito había realizado las validaciones necesarias. Tras cumplir con los trámites requeridos, se emitieron las licencias y se entregaron las placas correspondientes. Ahora, muchos se preguntan: ¿Cómo es posible que los propietarios sean responsabilizados por un retraso en el pago del impuesto si fue el mismo Organismo de Tránsito quien autorizó la matrícula sin advertir ninguna irregularidad?
FENALCO señala que los propietarios no pueden ser responsables de los errores administrativos cometidos en el proceso de matriculación y pago de impuestos. Además, subrayan que los concesionarios no tienen ninguna responsabilidad en esta situación, ya que su papel se limita a ser intermediarios en el trámite, el cual está estrictamente regulado.
El problema afecta directamente a los propietarios de los vehículos, quienes ahora enfrentan la obligación de pagar no solo el valor corregido del impuesto, sino también sanciones por corrección, intereses, y la pérdida de un 70% del beneficio otorgado por matricular en el departamento de Norte de Santander. Esto ha generado una gran preocupación, ya que haber confiado en las instituciones locales ha resultado ser más costoso e inseguro en comparación con haber matriculado en otros departamentos.
FENALCO sigue buscando una solución que proteja los derechos de los contribuyentes y evite que sean embargados por errores administrativos en los Organismos de Tránsito y la Secretaría de Hacienda Departamental.
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