‘Trabajamos para restablecer el derecho a la salud de los usuarios’: Supersalud

En las instalaciones de la Dirección Regional Caribe de la Supersalud, en el Distrito Turístico de Riohacha (La Guajira), la Superintendencia Nacional de Salud desarrolló la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la gestión comprendida entre julio de 2022 y junio de 2023.

En el marco de este ejercicio de participación ciudadana, el Superintendente de Salud, Ulahí Beltrán López, presentó al país las acciones desarrolladas para garantizar una Supersalud amiga, aliada y solidaria con el usuario, en una Audiencia transmitida este jueves en la mañana por el Canal Institucional.

“Durante nuestro periodo de gestión hemos trabajado para recuperar la credibilidad y confianza de los ciudadanos en una Superintendencia que ha restablecido su capacidad de control sobre aquellos actores del aseguramiento que son infractores del marco normativo y ante ello nos hemos puesto del lado de los afectados para defender la garantía del derecho a la salud”, dijo el Superintendente Ulahí Beltrán López.

Durante la Audiencia, Beltrán López expuso los resultados más relevantes que han permitido realizar un diagnóstico para establecer la hoja de ruta mediante la cual, dijo, “trabajamos para restablecer el derecho a la salud de los usuarios pertenecientes al sistema de salud”.

Como parte de las acciones socializadas se destaca la gestión ante las distintas entidades responsables del aseguramiento de 1.3 millones de reclamaciones de ciudadanos provenientes de todos los territorios del país que acudieron a la Supersalud para manifestar la desprotección y negación de servicios por parte de las entidades a las que están afiliados, de las cuales 427.116 correspondieron a casos clasificados como de riesgo de vida.

El Superintendente recordó que la protección de los recursos públicos de la salud ha sido otra de las columnas principales de su gestión, y que en ese aspecto se ha logrado la recuperación de más de un billón de pesos mediante el mecanismo de la conciliación extrajudicial, lo que ha permitido que estos recursos fluyan hacia las tesorerías de más de 650 instituciones prestadoras de servicios de la red pública y privada de todo el país.

A su vez, reveló que se han impuesto 178 sanciones por más de $87.000 millones, especialmente sobre las EPS que son los actores más sancionados por vulnerar el derecho a la salud de sus afiliados.

Durante la Audiencia de Rendición de Cuentas se informaron las acciones que han impactado en los territorios más críticos a través de jornadas de intervención en las que se han generado soluciones efectivas a las manifestaciones de inconformidad de los pacientes.

Este ejercicio permitió abordar las problemáticas identificadas a lo largo del país, frente al acceso a los servicios de salud y la situación de fujo de recursos a través de mesas técnicas que se desarrollaron en 15 territorios identificados como de mayor criticidad: La Guajira, Casanare, Guaviare, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Santander, Vaupés, Bolívar, Meta, Putumayo, Risaralda, Vichada, Arauca y Putumayo. Los hallazgos identificados se derivaron en planes de mejoramiento que hoy son objeto de seguimiento.

El Superintendente también reveló los resultados de atención y resolución de conflictos a través de la función jurisdiccional, en que se profirieron 2.532 providencias que pusieron fin a los procesos jurisdiccionales de los cuales 1.255 sentencias correspondieron a asuntos que involucran de manera directa el derecho a la vida y la salud o el acceso a los servicios para los usuarios.

Sobre las acciones de inspección, vigilancia y control que se han ejercido sobre las EPS, se desplegaron 273 auditorías que permitieron el desarrollo del diagnóstico integral y la identificación de las deficiencias que hoy ponen en riesgo la correcta prestación de los servicios de salud.

También se viene desarrollando un proyecto de analítica basado en alertas tempranas, fortaleciendo el modelo de supervisión y se automatizaron metodologías como la dosimetría de la sanción por no reporte, gasto administrativo, fichas de caracterización de entidades territoriales, aseguramiento obligatorio y condiciones financieras e indiciadores de salud.