El Plan de formalización laboral para las administraciones públicas en equidad es la apuesta del Gobierno del Cambio para dignificar la labor de quienes trabajan con el Estado y reducir la contratación excesiva por prestación de servicios a los casos excepcionales que establece la Ley.
Según la línea base que levantó Función Pública, para la vigencia 2022 se suscribieron 911.440 contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas, de los cuales 573.758 correspondían a entidades del orden territorial y 337.682 a entidades del orden nacional.
Para contrarrestar esta situación, una vez analizado el estado y las necesidades de las entidades públicas del país, el Gobierno del Cambio, a través de Función Pública, se trazó la meta de formalizar 100.000 puestos de trabajo en el cuatrienio de manera gradual y escalonada: 10.000 el primer año, 40.000 el segundo, 40.000 el tercero y 10.000 el cuarto año.
“Con esta iniciativa el Gobierno del Cambio busca, por un lado, ofrecerle todas las garantías y condiciones laborales establecidas por la Ley a quienes trabajan con el Estado; y, por otra parte, que sea el mérito y las capacidades profesionales, y no las conexiones políticas o personales, el único camino para vincularse con el Estado. Así buscamos contar con los mejores servidores públicos para que estén al servicio de los colombianos y colombianas”, comentó César Augusto Manrique, director de Función Pública.
Vale la pena señalar la importancia de que dicho proceso sea gradual y escalonado, pues con esto se busca que no se afecte el funcionamiento de las entidades ni la prestación del servicio a la ciudadanía.
Para el primer año de gobierno, Función Pública cumplió la meta de formalización laboral con 12.022 cargos creados en 10 entidades públicas.
Igualmente, como entidad encargada de dar lineamientos sobre el proceso de formalización y hacer el acompañamiento, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha asesorado 543 entidades para que estas puedan establecer la ruta de formalización laboral al interior de cada una, de las cuales 155 ya iniciaron el proceso.
Alternativas para la formalización
El objetivo es que de manera gradual las actividades permanentes y misionales pasen a ser desarrolladas por servidoras y servidores públicos y no por contratistas, para garantizar una mejor prestación del servicio. Para ello, cada entidad, dentro de su autonomía, debe hacer un estudio de cargas laborales y establecer los recursos de talento humano que necesite.
Para adelantar el plan de formalización hay tres puntos clave: primero, proveer las vacantes que existen en cada entidad; segundo, ampliación de plantas globales; y tercero, crear plantas temporales en equidad y con vocación de permanecía. Adicionalmente, las entidades también podrán revisar mecanismos alternativos de vinculación acorde a la Ley.
Para la provisión de los cargos creados en plantas temporales, primero las entidades deberán revisar si hay listas de elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil con personas que cumplan con el perfil requerido. Luego deben revisar si en la planta existente hay un servidor o servidora de carrera con un grado menor al cargo creado en planta temporal que pueda ocupar dicho perfil. En caso de que no se pueda ocupar el perfil con los mecanismos anteriormente descritos, cada entidad podrá proveer los cargos creados a partir de convocatorias públicas basadas en el mérito y la equidad.
Función Pública, pionero en el plan de formalización laboral
Como ejemplo para trazar la hoja de ruta de cómo hacer el proceso de formalización laboral, el Departamento Administrativo de la Función Pública fue pionero al implementar el plan de formalización al interior de la entidad.
Para dicho proceso, primero, la entidad llevó a cabo un estudio de cargas laborales con cada una de las áreas para establecer el personal que cada una requería y la disponibilidad presupuestal de la entidad para ello. Dicho estudio arrojó que Función Pública necesitaba 82 perfiles adicionales a su plata global para cumplir labores permanentes y misionales.
Posteriormente, se tomó la determinación de optar por la creación de una planta temporal, financiada con los recursos anteriormente destinados para la contratación por prestación de servicios, por lo que el proceso se hizo sin impacto fiscal.
Con la creación de la planta temporal, Función Pública pasó de tener 194 contratos de prestación de servicios (contratos suscritos con corte a diciembre de la vigencia 2022), a tener 55 contratos por prestación de servicios para lo que resta de la vigencia actual, que corresponden a labores especializadas, que no son permanentes ni de la misionalidad de la entidad, como lo establece la norma. Esto supone una disminución del 72% en la contratación.
Adicionalmente, la formalización laboral a través de la planta temporal y la racionalización en el uso de la figura de contratos por prestación de servicios, significan un ahorro de 13% en la operación de la entidad. De esta manera, no solo no tiene impacto fiscal el proceso, sino que se optimiza el gasto del recurso público.
Para la provisión de los cargos creados, Función Pública realizó un proceso abierto y transparente, donde se creó un banco de hojas de vida y los aspirantes fueron evaluados a partir de mérito.
¿Desaparecen los contratos de prestación de servicios?
Con el plan de formalización laboral se busca formalizar aquellos contratos que prestan actividades permanentes y misionales, y que por su naturaleza no corresponden a la figura de prestación de servicios. Sin embargo, actividades de asesoría, consultoría y desarrollo de software, entre otros, que corresponden a proyectos específicos y cuyo objeto no es misional ni permanente, como lo establece la Ley, podrán contratarse bajo la figura de prestación de servicios.
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