El director técnico de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Antonio Avendaño, presentó ante expertos y entidades del orden nacional, los avances y retos que implica la implementación del Sistema de Administración de Territorio (SAT) en el país.
Dentro del marco del lanzamiento de la estrategia ‘Ecosistema Geoespacial Sostenible’, evento que fue organizado por la plataforma Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales-ICDE, coordinada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC y el DANE, Avendaño explicó la forma como el SAT contribuye a la toma de decisiones en el territorio.
“El SAT define mecanismos de coordinación y armonización en la toma de decisiones en el territorio y que debe ser articulada entre comunidad y autoridades, basada en el Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua”, dijo Avendaño durante su intervención.
Con el SAT, el Gobierno nacional, por intermedio del DNP, busca pasar del enfoque de administración de tierras al de una administración del territorio teniendo en cuenta las particularidades del país, las cuales están relacionadas con el conflicto alrededor de la tierra, la fragmentación en la toma de decisiones y la desactualización de la información catastral.
De hecho, el SAT está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo en su eje Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua, se convierte en el eje transversal para mejorar la gobernanza de la información y la toma de decisiones en el territorio, por supuesto, con el firme objetivo de avanzar hacia la descentralización, la Reforma Agraria, así como la reducción y control de la deforestación.
“La información de todas las características del territorio, motor del SAT, incluye lo que se puede hacer en un determinado espacio geográfico, quién tiene derechos y qué tipos de derechos (tenencia, explotación, etc), lo que no se puede hacer (restricciones de uso, por ejemplo, en área protegidas o restringidas por seguridad o riesgo) y las responsabilidades asociadas”, puntualizó Avendaño.
Y es que como lo establece la política pública, el Catastro Multipropósito es el motor del SAT, es decir, que la información predial interoperada con otros objetos territoriales será el componente que le dará dinámica al sistema y permitirá establecer una visión integral del territorio para todos.
Precisamente, en el evento se presentaron los componentes del SAT y de su ecosistema tecnológico, en el que se resalta la importancia del Repositorio de Datos Maestros (RDM), una herramienta que integra información relacionada con Catastro y Registro.
Para Avendaño esto es de suma importancia, ya que tiene relación directa con la Infraestructura de Datos Espaciales, pues aporta la información para la estandarización e interoperabilidad de objetos geográficos (Ordenamiento Territorial, áreas protegidas, Catastro) que definen derechos, restricciones y responsabilidades de las autoridades y ciudadanos sobre la tierra.
En ese sentido, se destaca también el Nodo para la Administración del Territorio, otra herramienta contenida en el SAT que busca consolidar información territorial para la toma de decisiones de las entidades territoriales, cuya finalidad es mejorar la calidad de vida en las zonas más vulnerables de Colombia.
En materia de avance para su implementación, el SAT ya ha adoptado los modelos extendidos del estándar internacional Land Administration Domain Model (LADM), de Catastro-Registro, y de los Planes de Ordenamiento Territorial, por parte del (Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro-SNR y el Ministerio de Vivienda, respectivamente. Paralelamente, el sector ambiental identificó los objetos territoriales de las Áreas de Especial Importancia Ambiental del país, las cuales son fundamentales para la toma de decisiones del Ordenamiento Territorial Alrededor del Agua.
En estos avances igualmente se definió la arquitectura del Repositorio de Datos Maestros (RDM) y está en proceso la disposición de los datos maestros de Catastro y Registro. Se espera seguir avanzando en esta implementación y que al final del 2025 se concrete su formalización con la participación de las comunidades étnicas y campesinas del país, todo para mejorar la calidad de vida en los territorios.
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