De manera paralela a la acción penal fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes de uno los presuntos responsables del desfalco a la entidad.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Norte de Santander y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, actuó judicialmente contra cuatro exfuncionarias que estarían involucradas en actos de corrupción en la Empresa de Servicios Públicos de Pamplona (Norte de Santander) (Empopamplona S.A. E.S.P.); al tiempo que afectó el patrimonio de uno de los señalados principales auspiciadores de los hechos irregulares detectados en la entidad.
En diligencias realizadas por el CTI fueron capturadas la exauxiliar de tesorería, Xiomara Olano Delgado; la exauxiliar contable, Judith Fabiola Carvajal Acevedo; la exasistente administrativa, Yenith Azucena Pabón Vera; y la exjefe de Control Interno, Sonia Esperanza Bautista Jaimes.
Estas cuatro personas habrían participado en la desviación de 1.500 millones de pesos de la entidad. Al parecer, mientras ejercieron los cargos entre 2016 y mayo 2022, permitieron que los recursos del erario fueran transferidos de manera irregular a las cuentas personales del entonces tesorero de la Empresa de Servicios Públicos de Pamplona.
Por esto, fiscales de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander imputaron a las detenidas, según la posible participación en los hechos investigados, delitos como peculado por apropiación y prevaricato por acción. Los cargos no fueron aceptados por las procesadas, que deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia.
Afectación al patrimonio del extesorero de Empopamplona
Simultáneamente a la acción penal, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre tres bienes que pertenecerían al extesorero de Empopamplona S.A. E.S.P.
Se trata de un predio rural, un bien urbano y un vehículo, los cuales fueron ocupados en diligencias realizadas en Pamplona (Norte de Santander). Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 245 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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