El Contralor General de la República, Felipe Córdoba, formuló un pronunciamiento de advertencia sobre las obras del Aeropuerto del Café (Aerocafé) en el sentido de que “están en riesgo cierto de quedarse inconclusas e inútiles para el servicio de los usuarios y la comunidad que habita en la zona de influencia ubicada en el municipio de Palestina-Caldas”, esto por indicios de riesgo contra el patrimonio público evidenciados al analizar los hitos del contrato 009 de 2021 suscrito con la firma española Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia.
La Contraloría advirtió por escrito a los gestores fiscales del proyecto, la Aerocivil, la fiduciaria Colpatria y la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé, sobre estos riesgos de afectación negativa a los intereses públicos.
El organismo de control ha venido haciendo Seguimiento Permanente al Proyecto Aeropuerto del Café y, producto de ello, el pasado 11 de julio el Contralor Delegado Ad Hoc para el tema, Gabriel Adolfo Jurado, presentó recomendación al Contralor General de emitir esta advertencia al contrato 009 de 2021, dado el incumplimiento que se le declaró, con la consiguiente multa que tuvo y la aplicación que se le hizo de la cláusula penal pecuniaria (por $28.019 millones) a Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia.
El Seguimiento Permanente de la CGR ha evidenciado el incumplimiento del hito 2 por parte del contratista, programado para entregar el pasado 28 de marzo de 2022, cuyo avance a esa fecha, fue cercano a los 425.977 m3, y que con corte al 13 de junio pasado, fue de 715.893 m3, muy lejos de la meta contractual de los 2.000.000 m3 programados, lo que pone en evidencia el incumplimiento de la meta acordada, que se materializa en un desfase de 1.284.107 m3 entre lo explanado y lo programado en este hito a junio 13 de 2022.
En consecuencia, el incumplimiento de las metas diarias por parte del contratista Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia trae como efecto que día a día el rendimiento o la exigencia de movimiento de tierras se incremente exponencialmente, de manera tal que, a 28 de marzo de 2022, había una necesidad de movimiento de tierra diario de 19.000 m3., cifra que tampoco ha cumplido el contratista y ese incumplimiento persiste, de acuerdo a la información suministrada a la CGR por la interventoría del proyecto.
Dado entonces que las actividades requeridas de la Fase 1 del proyecto no están finalizadas y es incierta la fecha de terminación, la Contraloría considera que podrán tipificarse los siguientes riesgos:
- Riesgo de amortización del anticipo: debido al bajo rendimiento que se ha evidenciado en el desarrollo del contrato, la facturación también ha sido baja. El valor del anticipo es de $42,029,617,207 y se han girado para el plan de inversión $16,066,591,750, de los cuales se ha amortizado solamente la suma de $1,138,127,827.
- Riesgo de retraso en la suscripción y/o perfeccionamiento del contrato y/o en el cumplimiento de la Orden de Inicio de Obras, por causas imputables al Contratante. (Lado aire).
- Riesgo de mayores costos de oportunidad por la disponibilidad de las áreas de construcción en fechas posteriores, que son responsabilidad del Contratante.
- Riesgo de retraso en el inicio y finalización de las obras, por demoras en la entrega de las áreas de construcción que son responsabilidad del Contratante. (Lado tierra).
- Riesgo de no ejecución en el periodo de las apropiaciones presupuestales de vigencias futuras aprobadas.
- Riesgo por terminación anticipada o unilateral del contrato de obra, pues los fines del estado que se pretenden satisfacer no se cumplirán en los términos previstos en el contrato. Por otra parte, deberá iniciarse un nuevo proceso que implicará las etapas de planificación, estructuración, contratación y ejecución, lo que conlleva mayores inversiones en tiempo y recursos y afectará el patrimonio público.
Dado lo anterior, para el Contralor Felipe Córdoba, se evidencia que los riesgos al patrimonio público asociados a este caso son bastante altos, pues por una parte se ha tenido que conminar al contratista, a través de procesos de incumplimiento, lo cual significa que este no se ha allanado a su deber legal y contractual de cumplir a cabalidad las obligaciones a su cargo.
Es claro para el jefe del organismo de control que “se identifica un riesgo inminente de perdida de recursos públicos en este proyecto que a marzo 31 de 2022 ha recibido un total de giros por $114.873 millones provenientes de la Nación por $60,518 millones y de la región por $54,355 millones. Igualmente, se han girado pagos por $61.149 millones”.
Adicionalmente, bajo tal supuesto, debería iniciarse un nuevo proceso que implicara las etapas de planificación, estructuración, contratación y ejecución, lo que indiscutiblemente conllevaría mayores inversiones en tiempo y recursos, afectando así el patrimonio público.
Sumado a todo lo anterior, el contratista Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia ha interpuesto demanda arbitral en contra de la entidad contratante, hecho que agrava más el desarrollo del proyecto.
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