La Asamblea Ordinaria de la OLACEFS que concluyó hoy en esta ciudad rechazó las amenazas, presiones e injerencias que cuestionan o ponen en riesgo la independencia de las Contralorías y Tribunales de Cuentas del continente.
En la llamada Declaración de Cartagena que se suscribió al cierre del evento se incluyó como primer punto lo siguiente:
“El pleno de la Asamblea General de OLACEFS, conocedores de las diversas amenazas, presiones o injerencias que intentan cuestionar o poner en riesgo la independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, rechaza este tipo de conducta por parte de los procesados o vigilados que se presenten en nuestros países”.
La Asamblea aceptó también una petición de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Argentina y Colombia para que se cree un mecanismo de defensa rápida de la independencia de los organismos de control cuando esta se ve amenazada, algo similar al procedimiento conocido como SIRAM que aplicó el mes pasado la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) al responder una denuncia del Contralor Felipe Córdoba relacionada con las presiones que vinieron tras producirse el fallo con responsabilidad fiscal en el caso Hidroituango.
Presiones, amenazas y violaciones a su independencia las tienen entidades fiscalizadoras de Panamá, Ecuador, San Salvador, República Dominica, señaló el Contralor Córdoba al presentar esta propuesta.
Aceptada la creación de este mecanismo de defensa rápida de la independencia de las Contralorías y Tribunales de Cuentas, la Asamblea de la OLACFES autorizó a su presidente para que, mientras se formaliza este procedimiento, pueda hacer pronunciamientos en defensa de su independencia.
El Contralor consideró necesario que se defienda la independencia de estos organismos que están siendo atacados por grupos económicos y políticos. “Quieren golpear nuestra independencia y formas de trabajo”, puntualizó.
Por su parte, el Contralor General de la República de Panamá, Gerardo Solís, afirmó que las Contralorías están encontrando muchas presiones y situaciones que tienden a menoscabar y debilitar su autonomía o independencia. “Se les pone algún tipo de presión para que hagan o dejen de hacer cosas propias de su ejercicio”, indicó.
Señaló además la importancia de que se reconozca y respete por parte de los órganos constitucionales de los países la independencia efectiva de los organismos que ejercen labores de control fiscal, para que se mantengan libres de intromisiones administrativas o jurisdiccionales que distraigan el oportuno desempeño de sus funciones.
Aparte de rechazar presiones que afecten la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores, la Declaración de Cartagena de la Asamblea Ordinaria de la OLACEFS enfatizó en la necesidad de promover el enfoque basado en derechos humanos en las acciones que estas ejercen con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas. Reconoció, igualmente, la política de género y no discriminación desarrollada por el Grupo de Trabajo sobre el tema y determinó fortalecer los programas de capacitación y sensibilización al respecto.
Apoyo a independencia de la CGR
Desde Ciudad de México, Benjamín Fuentes, funcionario de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), hizo en la Asamblea de la OLACEFS una exposición virtual de la estrategia que tiene este órgano para defender, apoyar y fortalecer la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores.
“La independencia es una condición necesaria para que estas entidades ejerzan de manera adecuada y eficaz su mandato y para que su ejercicio genere efectos positivos e influyan de igual manera en el funcionamiento de los aparatos gubernamentales y del sector público”, anotó.
El vocero de la IDI comentó la forma cómo se resolvió la denuncia que se recibió de parte de la Contraloría General de la República de Colombia sobre una amenaza a su independencia por las actuaciones que ha realizado en el caso Hidroituango.
En atención a dicha denuncia, la IDI expidió una declaración “sobre la importancia de mantener la independencia de la Contraloría General de la República de Colombia”, y le ofreció su apoyo aplicando el procedimiento especial denominado Mecanismo de Defensa Rápida de la Independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (SIRAM, por sus siglas en inglés).
“En esta declaración de la IDI -explicó el señor Fuentes- se resaltó la necesidad de que se respeten los principios de la Declaración de México de la INTOSAI (3 y 6), para asegurar que la Contraloría General de la República de Colombia pueda ejercer su mandato de manera independiente, sin presiones externas”.
Indicó luego que, para tomar la decisión en apoyo a la CGR, la IDI consultó en el país alrededor de 12 actores diferentes de la sociedad civil, del Congreso, del poder ejecutivo, del gobierno local responsable de la obra. “Inclusive consultamos a entes auditados que estaban sujetos a responsabilidades fiscales que había impuesto la Contraloría General de Colombia”, anotó.
“Fue importante esta consulta amplia que hicimos a distintos actores para llegar a la conclusión que la mejor herramienta que pudimos utilizar en el caso de la Contraloría General de la República de Colombia era la publicación de la declaración que se emitió el 17 de noviembre de 2021”, finalizó.
“Es una amenaza directa a la institucionalidad”: Vicecontralor
Por su parte, el Vicecontralor General, Julián Mauricio Ruiz, consideró que el Mecanismo de Defensa Rápida de la Independencia de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (SIRAM) y su socialización en toda la región resulta de gran importancia para las entidades fiscalizadoras superiores.
“Fue fundamental en el caso colombiano, frente al proceso de responsabilidad fiscal de la hidroeléctrica de Hidroituango, en el que han sido notorios a nivel nacional los ataques a la entidad fiscalizadora. Ha sido notoria también la intromisión de elementos externos o ajenos a las funciones de la Contraloría General de Colombia y su independencia”, agregó.
“Para la Contraloría General de Colombia, y entiendo yo que, para las demás entidades fiscalizadoras, el ataque a la credibilidad de sus decisiones es una amenaza latente, pero no es una amenaza contra la cabeza o el titular de la entidad fiscalizadora, es una amenaza directa a la institucionalidad. Las entidades fiscalizadoras y su institucionalidad deben estar por encima de las personas, de los intereses políticos, económicos y personales”, terminó señalando.
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