La Unidad de Restitución de Tierras en su compromiso con la reparación a las víctimas de despojo y/o abandono en el país, avanza en la implementación de la política y el apoyo a las familias colombianas que salieron de sus predios por cuenta de la violencia; hoy en día la entidad hace presencia en más del 80% del territorio colombiano con un equipo técnico y profesional, capacitado para cumplir con la misionalidad de la entidad, que es devolver las tierras a sus verdaderos dueños.
La Unidad de Restitución de Tierras es una entidad transicional que nace con la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; prorrogada con la Ley 2078 de 2021, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y otras disposiciones.
Teniendo presente la misionalidad de la entidad y el trabajo que realiza el gobierno nacional para reparar a las víctimas, y ante las denuncias realizadas por solicitantes con respecto a aparentes cobros por agilizar un proceso de restitución, la Unidad de Restitución de Tierras reitera que los trámites que realiza la entidad en cada una de sus etapas son gratuitos y ninguna persona está autorizada para cobrar o recibir dinero con el argumento de adelantar, agilizar o priorizar casos.
Ante este compromiso ético y profesional, el Director General, Andrés Castro, invita a los colombianos a denunciar cualquier caso de cobros extralegales que se presente en temas de restitución de tierras, “todo aquel que quiera aprovecharse de la Ley de víctimas y restitución de tierras, y lucrarse de ella, tendrá que enfrentarse a la rigurosidad de la ley colombiana. Pedir la tierra que le corresponde a las víctimas no necesita intermediarios y es totalmente gratis”.
Durante los primeros 10 años de vigencia de la Ley 1448 de 2011, con cifras generales a octubre de 2021, la Unidad de Restitución de Tierras ha presentado 15.496 demandas ante los jueces de restitución en todo el territorio colombiano, logrando devolver más de 484.000 hectáreas de tierra a sus legítimos propietarios, donde se han invertido $153.000 millones de pesos en proyectos productivos.
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