Al conocer de primera mano la situación en Norte de Santander y los informes desde Vichada, Arauca, La Guajira y Guainía, en donde funcionarios de la Entidad realizaron visitas defensoriales por pasos fronterizos, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, pidió al Gobierno nacional que se garanticen unos mínimos de protección para las personas que llegan de Venezuela a Colombia.
“Consideramos que el Gobierno colombiano debe garantizar unos mínimos de protección en el país, en cumplimiento de los compromisos internos e internacionales en materia de derechos humanos y también en reciprocidad por la solidaridad ofrecida por muchos países a los migrantes colombianos y las víctimas que salieron del país a causa del conflicto armado”, afirmó Negret Mosquera desde el puente Simón Bolívar, en Cúcuta.
Los colombianos que retornan tienen dificultades para la identificación de sus hijos nacidos en Venezuela, debido a la exigencia legal de documentos que en el contexto actual no se pueden obtener (en particular el registro de nacimiento y el apostillado en el exterior). La identificación es en la mayoría de los casos imposible porque el sistema de apostilla en Venezuela no está operando adecuadamente y los costos del trámite de documento no son accesibles.
Para el defensor Negret Mosquera, “esta circunstancia limita el disfrute de sus derechos como nacionales colombianos. Y es particularmente grave en el acceso de los niños a la educación y la salud, que en el mejor de los casos acceden al servicio de urgencias. De la misma forma, las víctimas del conflicto que retornan al país requieren acceso prioritario a las medidas de atención y reparación integral debido a que están en una situación de vulnerabilidad manifiesta”.
En cuanto a las familias mixtas (compuestas por colombianos y venezolanos), se dificulta el acceso de los miembros extranjeros de estas familias a un estatus regular en Colombia, debido a los altos costos del visado, lo que les impide trabajar de forma regular en nuestro territorio y los expone a la explotación laboral y a riesgos para mantener la unidad familiar.
Otras regiones
Por su parte, el Vicedefensor, Jorge Enrique Calero, indicó que durante la visita a los municipios de Saravena y Arauca (Arauca) se evidenciaron barreras para acceder a la educación, porque los rectores y autoridades educativas les exigen a los niños venezolanos el visado o la certificación de calificaciones apostilladas, entre otros requisitos.
También hay obstáculos para el acceso a la salud, al trabajo y al salario digno para venezolanos o colombianos que han retornado; existen dificultades para el acceso al trámite de registro extemporáneo de los niños por falta de apostilla de la partida de nacimiento venezolana y hay riesgo de seguridad por grupos armados ilegales.
Así mismo, se verificó que no existe un plan contingencia en los entes territoriales para atender la eventualidad de una crisis humanitaria por causa de una migración masiva que pueda presentar.
Entre tanto, el Delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, Mauricio Redondo, encontró en Puerto Carreño (Vichada) y en zonas cercanas, que el principal problema es el cierre del comercio y la disminución de ingresos, así como el contrabando de gasolina, pollo y carne que traen al país para intercambiar por arroz y harina, sin control de salubridad. A esto se suma que no hay cupos escolares suficientes para los niños que llegan del vecino país, ni insumos para la atención médica.
Una situación crítica está ocurriendo con las comunidades indígenas sikuani, amorua, piaroa y sáliba, que se han asentado en Puerto Carreño, en sitios con situación de riesgo por mendicidad, prostitución y consumo de estupefacientes.
En cuanto a la tarjeta de movilidad fronteriza, los venezolanos no la pueden imprimir porque la página web de Migración Colombia está colapsada y no cuentan con señal de internet adecuada. En esta región hay un flujo de paso fronterizo de al menos 100 personas a diario y solo 25 lo hacen por rutas formales.
El Delegado para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad, Jhon Rojas, reportó que no existe un control del paso por Paraguachón, corregimiento ubicado a 8 kilómetros de Maicao (La Guajira) y que son por lo menos 120 las trochas ilegales por las que se movilizan entre los dos países.
Un problema delicado en la zona es el aumento de la prostitución, por bares que abren sin control y en donde podrían aumentar las enfermedades infecciosas.
También hay casos de niños que viven en Colombia cuyos padres venezolanos están en situación de irregularidad, que no han sido registrados y se les estarían negando sus derechos por no tener documentos. Los padres de estos niños no hacen los trámites debido a altos costos.
De la situación en Guainía, la Defensoría regional ha atendido el retorno de por lo menos 500 colombianos que trabajaban en la minería ilegal y muchos de ellos con enfermedades como malaria.
Y la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, Diana Rodríguez, anunció que se trabaja para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó reabrir un bar en Chinácota, Norte de Santander, en donde se ejerce la prostitución. Una de las órdenes es la de vigilar que regularicen a las mujeres venezolanas su visa de trabajo, así como verificar que no estén de manera forzada y se les informe y cumpla con sus derechos como trabajadoras sexuales.
Protección internacional
Por toda esta problemática, el Defensor del Pueblo reiteró que se deben tomar medidas para hacer posible el ingreso al territorio nacional, la disposición de alternativas migratorias que les permitan quedarse en el país de manera provisional, pero con posibilidades de revisar las circunstancias caso a caso, y desarrollar un mecanismo temporal de protección para aquellas personas que requieran protección internacional con garantías de acceso a derechos como salud, educación, trabajo e identificación. Negret Mosquera fue enfático al pedir que sea prioritaria la solución de los problemas que afectan a niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, es particularmente grave la situación de venezolanos que están en riesgo de violaciones a los derechos humanos en caso de ser regresados a su país, y que por lo mismo requieren acceso rápido y efectivo a un estatus de protección internacional, para poder permanecer en Colombia con el pleno disfrute de sus derechos y con garantías de no devolución hacia Venezuela.
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