En una acción articulada entre la Policía Metropolitana de Cúcuta, Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía Segunda Especializada de Extinción de Dominio de Cúcuta, se desarrollaron 11 diligencias de allanamiento y registro en igual número de inmuebles de la capital nortesantandereana y el corregimiento de San Faustino, así mismo se aplicó la medida cautelar de embargo a nueve vehículos; a los cuales se les aplicaría la medida de extinción de dominio por ser reincidentes en el almacenamiento, ocultamiento, distribución y/o transporte de mercancía de procedencia extranjera.
Luego que estos muebles e inmuebles identificados fueran allanados en varias oportunidades, procedimientos en los cuales se capturaron personas y se hallaron productos cárnicos de contrabando, se inició el proceso el proceso judicial para ser presentados ante la Fiscalía Segunda Especializada de Extinción de Dominio de Cúcuta.
Dos de los procedimientos de ocupación para extinción de dominio que representa una medida cautelar provisional que impide el poder dispositivo comercial del bien inmueble, se realizaron en dos fincas ubicadas en el corregimiento San Faustino, las cuales serían utilizadas como mataderos clandestinos.
En cumplimiento a las órdenes judiciales expedidas por esta Fiscalía, efectivos de la Investigación Criminal y Policía Fiscal y Aduanera realizaron las ocho diligencias de registro y allanamiento a bodegas ubicadas en la central de abastos La Nueva Sexta en la ciudad de Cúcuta, en donde una vez ingresada la mercancía se almacenaría para posteriormente ser distribuida y comercializada.
De igual manera, durante el operativo se identificaron nueve vehículos utilizados para el transporte de la carne en canal distribuida desde los mataderos clandestinos hasta los puntos de venta, siendo movilizada desde el corregimiento San Faustino hasta la ciudad de Cúcuta.
Con este dispositivo se logró afectar financieramente la cadena criminal de contrabando y comercialización de carne en más de 3.600 millones de pesos, actividad ilegal que es utilizada para financiar grupo delincuenciales.
A partir de hacerse efectiva la ocupación judicial el inmueble queda a disposición de la Sociedad Activa Especial (SAE) del Ministerio de Hacienda que es la entidad encargada de administrar los bienes que se encuentran en proceso de extinción de dominio hasta que se defina la medida final sancionatoria.
Es de resaltar que la Ley 1708 de 2014 establece como una de las causales para que un inmueble sea vinculado al proceso de extinción de dominio el hecho que sea reincidente en el delito de ‘destinación ilícita de bien inmueble’ mínimo en dos oportunidades en el caso que se trate de arrendatarios o terceros de buena fe; Sin embargo cuando se trata del propietario no se necesita reincidencia para aplicar la medida cautelar.
De igual forma, el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia que regula la propiedad privada establece que el propietario debe cumplir el objeto social de su propiedad, por lo cual debe denunciar de inmediato ante la autoridades competentes sí conoce de la ejecución de una actividad ilícita en su inmueble por parte de arrendatarios o terceros de buena fe.
La ejecución de estos once procedimientos se realizaron luego de recopilar el material probatorio y desarrollar las actividades de policial judicial en los cuales se demostró que estos inmuebles eran destinados para el almacenamiento, ocultamiento, distribución y/o transporte de mercancía de procedencia extranjera, logrando obtener las órdenes judiciales para su ocupación para extinción de dominio.
Con el objetivo de contrarrestar el contrabando se continuarán aplicando estas medidas cautelares que permiten contrarrestar el ingreso ilegal por ‘trochas’ de semovientes para ser sacrificados en mataderos clandestinos y/o carne en canal para luego ser comercializadas violando las medidas sanitarias para su consumo.
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