*El daño patrimonial, determinado en decisión de primera instancia, se produjo al destinar recursos públicos de la salud para sufragar gastos administrativos, como arrendamientos, gastos de viaje, libros, música ambiental, combustibles y lubricantes, taxis y buses, casino de alimentos y restaurante, entre otros.
*Entre los responsables fiscales figuran, además de Coomeva EPS, sus exgerentes Fernando Panesso Serna (actual embajador de Colombia en Ecuador) y Piedad Cecilia Pineda, la firma PricewaterhouseCoopers Ltda y la compañía Coomeva Servicios Administrativos S.A.
La Contraloría General de la República profirió fallo de primera instancia con responsabilidad fiscal, en cuantía de $38.866 millones de pesos, en contra de Coomeva EPS, dos de sus exgerentes (Fernando Panesso Serna y Piedad Cecilia Pineda) y otras personas naturales y jurídicas involucradas en la destinación de recursos públicos de la salud para sufragar gastos administrativos como:
Honorarios, impuestos, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones, seguros, servicios, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, adecuaciones e instalaciones, gastos de viaje, libros, suscripciones y periódicos, música ambiental, elementos de aseo y cafetería, útiles, papelería y fotocopias, impresiones, combustibles y lubricantes, taxis y buses, casino de alimentos y restaurante y parqueaderos, entre otros.
De manera dolosa, se infringieron las normas que prohíben la destinación o utilización de los recursos de la seguridad social para fines diferentes a ella.
El daño patrimonial se produjo por la disminución de los recursos parafiscales destinados a la prestación de los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), en cuantía de $4.989 millones durante los meses de octubre a diciembre del año 2007, y $22.872 millones durante el año 2008, lo que arroja un total de $27.862 millones, cifra que al ser indexada asciende a la suma de $38.866 millones.
Recursos y medidas cautelares
Contra el fallo proferido por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República, proceden los recursos de reposición y apelación.
Como medida cautelar, la Contraloría decretó el embargo de bienes inmuebles de los responsables fiscales, igual que la retención de dineros depositados en las cuentas bancarias de todos ellos.
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