En aras de procurar una alternativa laboral a la docente María Teresa Pereira Salazar, que le permita obtener un sustento para su núcleo familiar, la Secretaría de Educación de Norte de Santander nuevamente le propone un nombramiento en provisionalidad como auxiliar administrativa en Sardinata.
Así lo anunció la jefe de la cartera educativa, María Fabiola Cáceres Peña, al término de una reunión para estudiar el caso con el presidente de Asinort, Hugo Cárdenas; la delegada de la Defensoría Regional del Pueblo, María Socorro Ospina, y funcionarios de la Secretaría
La reunión fue convocada ante la protesta que emprendió Pereira Salazar desde el pasado martes (16 de febrero), al encadenarse a una de las barandas de la rampa de acceso a la Secretaría de Educación, en manifestación, por no ser nombrada como docente de aula.
Por su parte, Cáceres Peña, explicó que la solicitud de la educadora es improcedente por cuanto no cumple con los requisitos definidos en el Estatuto de Profesionalización Docente, que establece que para ingresar al servicio educativo estatal se debe ostentar el título de licenciado y/o profesional expedido por una universidad o ser normalista superior y superar el concurso de méritos.
La señora Pereira Salazar no cumple con estos requisitos por ser sólo bachiller pedagógica y no haber participado en el concurso para ser parte de la planta docente del departamento.
“Vamos a tratar de ayudarla, por eso le ofrecemos un nombramiento como provisional en un cargo administrativo en alguna de las instituciones educativas del departamento, inclusive ella tendrá un mejor salario y contará con el tiempo suficiente para que culmine sus estudios profesionales y así acceder a un nombramiento como docente”, dijo la Secretaria de Educación.
La funcionaria añadió “lo que demanda (la profesora) no lo podemos hacer, ya que debemos contar con la autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil, previo cumplimento de los requisitos que exige la entidad y, en realidad, ella no los cumple, no es licenciada por tal razón no podemos nombrarla. Si lo hacemos incurrimos en una falta disciplinaria que terminaría en la destitución e inhabilidad tanto del Gobernador como la Secretaria de Educación”.
Respecto a esta situación, la Defensoría Regional del Pueblo, que ha sido garante durante todo el proceso, dispuso dos abogados para que brinden una asesoría jurídica a la profesora.
Los profesionales del Derecho señalaron que no es procedente que Pereira Salazar interponga algún recurso administrativo o acción judicial contra el Decreto 001220 del 10 de julio de 2015 con el cual fue desvinculada del cargo.
La Secretaria de Educación afirmó que se le están brindando todas las garantías humanitarias a la docente para que continúe con su derecho a la protesta, por eso solicitó el acompañamiento de la Cruz Roja para monitorear su estado de salud.
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