El pasado domingo 19 de marzo, el presidente Gustavo Petro anunció que suspendía el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, dedicada al narcotráfico y la minería ilegal. La decisión se tomó después de que este grupo armado incitara un paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, que generó violencia y afectó a la población civil. Además, se le atribuye un ataque con fusil a una estación policial en esa zona.
El cese al fuego bilateral había sido declarado por el gobierno el 31 de diciembre de 2022, como parte de su política de «Paz Total», que busca poner fin al conflicto armado que ha dejado más de nueve millones de víctimas en casi seis décadas. El Clan del Golfo había expresado su voluntad de dialogar con el gobierno y desmovilizarse, pero según el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sus acciones recientes ponen en duda su compromiso con la paz.
Por su parte, el Clan del Golfo negó estar detrás de las manifestaciones violentas y aseguró que ha respetado «cabalmente» la tregua desde que la promulgó unilateralmente el 7 de agosto de 2022. También dijo que está dispuesto a seguir buscando una salida negociada al conflicto y pidió al gobierno retomar las conversaciones.
El gobierno colombiano mantiene conversaciones y una tregua con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ha iniciado un proceso con disidentes de la antigua guerrilla FARC. Sin embargo, la suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo representa un revés para los esfuerzos por lograr una paz completa en el país.
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