Estamos muy preocupados por el alto número de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que esta terrible tendencia parece estar empeorando.
Llamamos a las autoridades a hacer un significativo esfuerzo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil y a que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos.
En los primeros cuatro meses de este año, un total de 51 asesinatos de personas que posiblemente defendían derechos humanos o eran activistas han sido denunciados por la sociedad civil e instituciones estatales, así como por la Defensoría del Pueblo.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia está dando un seguimiento detallado a estos o reportes.
Esta altísima cifra continúa una tendencia negativa que se intensificó durante 2018, año en que nuestro personal documentó el asesinato de 115 defensores y defensoras de los derechos humanos.
Las violaciones se producen en un contexto de estigmatización de la labor de las y los defensores de los derechos, especialmente aquellos que viven en zonas rurales. Estas regiones se caracterizan por la falta de servicios básicos adecuados, altos niveles de pobreza, la existencia de cultivos ilícitos, la presencia de grupos armados ilegales y grupos criminales.
Existe una necesidad urgente de abordar las brechas y discrepancias en el disfrute de todos los derechos, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales, y especialmente en las zonas rurales.
Un amplio sector de activistas ha sido atacado. Entre estos se incluyen defensoras y defensores comunitarios, afrocolombianos, indígenas, ambientalistas, campesinos, periodistas, activistas LGBTI y defensores de los derechos de las mujeres, algunos de los cuales se han desempeñado en actividades de política local.
Los líderes y las lideresas comunales y comunitarios son particularmente vulnerables y representan más del 70 por ciento de todos los asesinatos registrados.
Aparentemente, algunos de estos defensores y defensoras fueron atacados porque han apoyado la implementación de ciertos aspectos del acuerdo de paz colombiano, incluyendo la restitución de tierras, los derechos de las víctimas y el programa de sustitución de cultivos ilícitos.
El ataque más reciente ocurrió el 4 de mayo, cuando 20 defensores y defensoras de los derechos humanos afrocolombianos, entre ellos la reconocida ambientalista y defensora de los derechos de las mujeres, Francia Márquez, fueron atacadas con granadas y armas de fuego cerca de Santander del Quilichao, en el departamento. del Cauca. Afortunadamente, nadie murió, aunque dos agentes de seguridad provistos por la Unidad de Protección Nacional para la protección del grupo resultaron heridos.
Solo en enero, se registraron tres asaltos contra mujeres lideresas que defienden los derechos de las víctimas. En el caso de Maritza Quiroz Leiva, defensora de los derechos humanos y reclamante de tierras, el ataque cobró su vida.
En marzo, se llevaron a cabo movilizaciones, en el marco de la “Minga”, en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Huila. Indígenas, afrodescendientes y campesinos y campesinas realizaron protestas masivas para reclamar por: solicitudes de larga data relacionadas con los derechos a la tierra, los retrasos en la implementación del acuerdo de paz y la violencia continúa soportada por activistas de la sociedad civil.
Luego de las manifestaciones, se distribuyeron panfletos con amenazas de muerte contra destacados líderes y lideresas indígenas y defensores y defensoras de los derechos humanos.
Nos preocupa que, con el acercamiento de las elecciones locales en octubre, el número de ataques violentos pueda aumentar aún más.
Reconocemos las medidas adoptadas hasta ahora por el Estado para mejorar la protección de los y las defensoras de los derechos humanos. Tomamos nota de la creación de jueces especializados, como anunció recientemente el Presidente Duque.
Sin embargo, llamamos a las autoridades a que redoblen sus esfuerzos para ampliar y fortalecer las medidas tomadas hasta ahora para asegurar un entorno libre y seguro para el ejercicio del compromiso cívico de defensoras y defensores.
A pesar de algunas acciones positivas de la Fiscalía General, instamos al Estado a que se asegure de que todos los asesinatos, ataques y amenazas se investiguen adecuadamente y a que los perpetradores, incluidos los autores materiales e intelectuales, sean llevados ante la justicia.
Pronunciamiento del Portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Michelle Bachelet) Rupert Colville sobre Colombia
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