Diez líderes sindicales y comunales mantendrán las medidas de seguridad asignadas por la Unidad Nacional de Protección, por decisión del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, Cerrem, cuyos integrantes sesionaron ayer en la Gobernación-
La determinación se aprobó luego de revisar los estudios de seguridad que las autoridades de inteligencia hicieron sobre estas personas.
En esta oportunidad los casos analizados se enfocaron en tres grupos, entre ellos las personas cuyos derechos fueron violados, representantes de los sindicatos y líderes de la población amenazados por diferentes grupos al margen de la ley, que delinquen en Norte de Santander.
La secretaria de Gobierno, Nohora Oliveros Quintero, indicó que se aumentaron y mantuvieron los protocolos de seguridad a los casos que fueron evaluados, y sumado a eso, se remitieron otro número de solicitudes que serán estudiadas para determinar si requieren un esquema de seguridad que asumirá la Unidad Nacional de Protección.
Parte de las medidas adoptadas y aprobadas, por los integrantes del Cerrem, son determinadas por el nivel de riesgo de cada persona, las cuales abarcan la asignación de vehículos particulares, chalecos antibalas, teléfonos celulares, auxilios de transporte y el acompañamiento de hombres de la Policía Nacional.
Oliveros Quintero, explicó que el número de personas amenazadas y protegidas, así como su identidad, no puede revelarse, en cumplimiento a las directrices por el Organismo Nacional.
En este Comité participaron entidades como la Defensoría del Pueblo, Policía y Ejército Nacional, Unidad Nacional de Protección, Unidad de Atención Integral de Víctimas, Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.
