Irregularidades en Gerencia de “Puntos Vive Digital” llevan al Contralor General a insistir en que se liquide FONADE

*El Contralor Edgardo Maya Villazón señala falta de control y rezago en la amortización de los anticipos desembolsados por FONADE a los contratistas en ejecución del convenio suscrito con el FONDOTIC y traslada este hallazgo a la Procuraduría. *La Contraloría realizó visita de evaluación técnica a 52 Puntos Vive Digital en 8 departamentos del país y encontró algunos puntos deshabilitados o fuera de funcionamiento, equipos obsoletos y de baja capacidad de navegación, así como inconsistencias en los inventarios de los equipos entregados. *Para el jefe del organismo de control, las inconsistencias detectadas resultan congruentes con las razones expuestas públicamente por el MINTIC para suspender los pagos a FONADE en la ejecución del proyecto “Puntos Vive Digital”. *Actualmente, la Contraloría se encuentra adelantando una actuación orientada a establecer la presencia de posibles sobrecostos y un eventual daño patrimonial en la ejecución del convenio que, para hacerse cargo de la gerencia del proyecto, suscribió FONADE con el FONDO TIC.

 El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, insistió hoy en la urgente necesidad de liquidar el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, luego que la CGR encontró serias irregularidades en la ejecución del convenio 215085 suscrito por dicha entidad con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONDO TIC, para adelantar la Gerencia del proyecto de la Fase III de la estrategia “Puntos Vive Digital”, liderada por el MINTIC.

El valor total del convenio suscrito por FONADE con el FONDO TIC ascendió a la suma de $247.304 millones, de los cuales, a 31 de diciembre de 2017, el Fondo había desembolsado a FONADE $92.000 millones.

 

En la contratación derivada celebrada por FONADE para cumplir el objeto del convenio, se pactaron anticipos a favor de los integradores de las 5 regiones, correspondientes al 30% del valor total de los contratos, los cuales, a la fecha del ejercicio auditor, ascendían a $44.870 millones.

 

Los planes de manejo e inversión de los anticipos se suscribieron inicialmente para un periodo de 4 meses; sin embargo, entre junio y julio de 2017, este plazo se incrementó en 7 meses sin que mediara ningún tipo de justificación.

 

La CGR encontró que a 31 de diciembre de 2017 solamente se había amortizado la suma de $8.886 millones, que equivale al 19% del total de los recursos desembolsados por este concepto a los contratistas.

 

También la CGR evidenció un atraso considerable en los tiempos establecidos para la amortización de los anticipos y un rezago importante en la ejecución del proyecto.

 

Puntos deshabilitados y equipos obsoletos

 

Por otra parte, en desarrollo de la Auditoria Financiera a FONADE, en abril del presente año la Contraloría realizó visita de evaluación técnica a 52 Puntos Vive Digital en 8 departamentos del país, con el fin de verificar la coherencia entre los pagos realizados en la ejecución del proyecto y los bienes y servicios recibidos por FONADE.  

 

En dichas visitas, el organismo de control determinó algunos puntos deshabilitados o fuera de funcionamiento; equipos obsoletos y de baja capacidad de navegación; inconsistencias en los inventarios de los equipos entregados, así como en la periodicidad de los mantenimientos preventivos y correctivos, los cuales no se realizan en su totalidad conforme a las fallas técnicas reportadas; falta de actualización de licencias, e incumplimiento en las capacitaciones a cargo de los integradores.

 

Estas irregularidades derivan de la falta de supervisión de los contratos celebrados para la ejecución del proyecto y ponen en evidencia las recurrentes debilidades en las Gerencias de Proyectos desarrolladas por FONADE, expuestas con anterioridad por la CGR en diferentes actuaciones de control fiscal.

 

Hallazgo con incidencia disciplinaria 

 

Según el Contralor, las inconsistencias que soportan el hallazgo sobre la gerencia de la estrategia “Puntos Vive Digital”, resultan congruentes con las razones expuestas públicamente por el MINTIC para suspender los pagos a FONADE en la ejecución del proyecto.

 

Estas situaciones no permiten tener certeza y confianza del avance financiero real del convenio FONADE-MINTIC y del cumplimiento técnico de la totalidad de los bienes y servicios que se han recibido en desarrollo del mismo, añadió.

 

La CGR trasladará a la Procuraduría General de la Nación el hallazgo mencionado, dado que el mismo tiene presunta incidencia disciplinaria.

 

Urgen decisiones

Estos hallazgos, dijo el Contralor, son reiterativos, como quiera que también se han establecido en otros proyectos gerenciados por FONADE, y es muy preocupante que el Fondo no atienda los principios de eficacia y celeridad que reclama la ejecución de proyectos de la magnitud de la estrategia “Puntos Vive Digital”, fundamental para el avance tecnológico del país.

 

En las gerencias de proyectos desarrolladas por FONADE se aprecian irregularidades relacionadas con recursos otorgados en calidad de anticipo en poder de contratistas y proveedores que no han sido amortizados,  ejecutados o invertidos; están también las continuas prórrogas de los convenios a nivel nacional; la cantidad de obras sin culminar a tiempo; los hallazgos fiscales por valor de más de $20.000 millones; y los proyectos rezagados en avance físico, que no terminaron en el tiempo establecido y presentaron numerosas adiciones.

“Estas y otras irregularidades detectadas por la CGR en recientes actuaciones fiscales, evidencian la falta de eficiencia y eficacia de FONADE y urgen tomar la decisión de su liquidación”, subrayó.

Se verifica si hubo sobrecostos y daño patrimonial

 

Actualmente, la Contraloría se encuentra adelantando una actuación orientada a establecer la presencia de posibles sobrecostos en la ejecución del convenio que, para hacerse cargo de la gerencia del proyecto, suscribió FONADE con el FONDO TIC.

 

Se evalúan también los elementos que permitan determinar de manera cierta un eventual daño al patrimonio del Estado, como consecuencia de las inconsistencias técnicas determinadas en la ejecución del proyecto.

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