“Ocho barrios tradicionales de la ciudad quedan enmarcados en una zona con restricciones de horario para el funcionamiento de bares, prostíbulos y similares”
La detonación de una granada en el interior de un establecimiento ubicado en el barrio Latino, que funcionaba a puerta cerrada, en la madrugada del domingo 21 de julio, que dejó como saldo tres personas muertas y al menos 20 heridas, fue “la gota que rebosó la copa” y en consecuencia el Alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez-París Lobo, con fundamento en los informes y estadísticas de inteligencia proporcionadas por la Policía Nacional, estableció el cuadrante especial de seguridad, que incluye ocho tradicionales barrios de la ciudad, con horario restringido a bares y similares.
Precedentes citados por el gobernante municipal, como 45 homicidios sucedidos entre el 2012 y lo corrido del 2013, en el Callejón, barrio Latino (alrededores al Parque Nacional) e inmediaciones de la Terminal de Transportes y en esos mismos lugares 118 lesiones personales. Más el hecho del fin de semana, ratificaron del Alcalde, aplicar mano dura en esos sitios álgidos de la ciudad.
Mediante la expedición del Decreto 0476 del 22 de julio, el Alcalde, precisa que el cuadrante especial de seguridad, comprende los barrios: Callejón, Latino, el Llano, Carora, La Merced, Cundinamarca, San Miguel, Contento y demás sectores de la ciudad, de la calle 2N a la calle 18 y de la avenida 4 a la avenida 21.
Queda establecido, en la norma municipal, que a partir de la fecha, el horario que rige para discotecas, bares, prostíbulos, griles, casas de lenocinio y similares, ubicados en el cuadrante de seguridad, cuya actividad sea la venta de bebidas alcohólicas será de 9:00 am a 9:00 pm.
Infringir la norma, por parte de los propietarios, representa la aplicación del Decreto 656 del 26 de noviembre de 2012, expedido por la Alcaldía, que impone cierre temporal del establecimiento por siete días, a cargo del Comandante de la estación de policía, cuando se trate de la primera vez. Una segunda infracción al decreto, se traduce en 30 días de cierre temporal, habiéndose levantado previamente un acta por la Policía Nacional, que será enviada al correspondiente Inspector de Policía.
La tercera y última infracción a la norma, tiene como sanción el cierre definitivo del establecimiento, aplicando el debido proceso, por parte del inspector que conozca de la reincidencia, para proteger el orden público y preservar la tranquilidad ciudadana.
Según el mandatario local, la percepción de seguridad en la ciudad ha mejorado. Este año van menos 45 homicidios frente al año pasado. Sin embargo, “exijo, a la Policía Nacional, un control mas efectivo de los decretos de la Alcaldía”.
Precisó Ramírez-París Lobo, que el asunto de la granada, no es un tema de delincuencia común, es de bandas criminales, que estamos atacando.
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