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Así lo confirmó el Comité Interinstitucional consultivo presidido por el Instituto Departamental de Salud en el marco del Decreto 771 de 2017, con el fin de analizar las situaciones específicas que afectan la atención integral de víctimas de la mano de Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Comisarías de familia, Policía de Infancia y adolescencia, Secretarías de la mujer, desarrollo social y TIC de la Gobernación y Secretaría de Salud de Cúcuta
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