Prácticamente en manos de operadores privados se encuentran los servicios de protección que son responsabilidad de la UNP, reveló un estudio realizado por la Contraloría General de la República.
El organismo de control determinó que los servicios de protección, que son el objeto misional de la UNP, se encuentran tercerizados en un 87%, es decir que el personal de protección no está vinculado con el Estado.
Esta situación llama la atención de la Contraloría, como quiera que la protección de las personas que tiene un riesgo extraordinario o extremo, se realiza a través de terceros, dado que la Unidad Nacional de Protección no cuenta con el personal suficiente para este labor, teniendo que contratar a operadores privados.
La CGR evidenció que, a 2015, el personal de la dependencia de la UNP encargada de prestar los esquemas de seguridad, la Subdirección de Protección, se compone de 475 funcionarios (13%) y 3.314 contratistas (87%), dentro de los cuales se registran 3.306 escoltas del operador privado y 8 conductores, para un total de $3.789 personas encargadas de labores de protección.
De acuerdo con estas cifras, se observa que la función pública de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades especiales, establecida en el Decreto 4912 de 2011, como responsabilidad de la UNP, se encuentra a cargo de terceros, por cuanto 87% es asumida por el operador privado.
Mayoría del Personal en Protección
La Contraloría analizó el tamaño de la entidad y el tipo de vinculación laboral tanto de las personas encargadas de la protección como de los conductores, y encontró que a 2015 la UNP contaba con un total de 4.215 personas vinculadas, de los cuales 16% corresponde a funcionarios y el 84% restante a contratistas.
Del total del recurso humano de la UNP, 90% está asignado a la Subdirección de Protección y el otro 10% a las dependencias de apoyo a la Entidad.
Debilidades en el proceso de planeación presupuestal
La Contraloría General de la República realizó un Análisis sobre los esquemas de protección y contratación asociada en el período 2012-2105, como tema delsegundo número del Boletín Macro Sectorial.
El documento, elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, presenta las principales estadísticas relativas a las solicitudes y esquemas de seguridad prestados, los costos de los esquemas y su modalidad de prestación, así como los recursos ejecutados por la UNP.
Una conclusión inicial es que, a pesar de la gestión institucional, se registra una tendencia creciente en el número de solicitudes de protección y se mantiene un alto número de esquemas prestados, con un aumento constante del presupuesto de la UNP.
Además de la creciente tercerización de los servicios, se evidencia la dificultad de ordenar desinstalaciones de esquemas aprobados.
La CGR consideró necesario hacer una revisión de la política pública de protección personal, que defina la capacidad instalada de la UNP, con el objetivo de establecer mejoras en la planeación presupuestal y lograr el equilibrio en la demanda de servicios, para estabilizar los gastos de funcionamiento.
Algunas conclusiones del estudio de la CGR:
*Se evidencia que entre los años 2012 y 2015, se recibieron 52.954 solicitudes de protección, de las cuales 30% fueron rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos, mientras que de las aceptadas, 79% fueron objeto de protección.
*A 2015, los esquemas prestados se encuentran principalmente en servidores públicos (22%) y dirigentes miembros y sobrevivivientes de la UP y el Partido Comunista (21%).
*Mientras que las medidas de protección se incrementaron en 3.254 (51%) entre 2012 y 2014, en 2015 disminuyeron en 3.688 esquemas y se realizaron 502 desinstalaciones (78% del total), lo que contribuyó a una reducción de 38% en los esquemas prestados respecto del año anterior.
*Respecto de 2013 y 2014, en 2015 se observaron incrementos en los costos de los elementos que componen los esquemas de protección, a excepción de los medios de comunicación, que disminuyeron en 35%.
El mayor aumento se registró en vehículos convencionales (28%), seguido de hombres de protección y conductores (8%) y vehículos blindados (5%).
*En 2015, cada beneficiario tuvo un costo de protección promedio de $72 millones al año.
*Frente al incremento del 51% en el número de esquemas prestados entre 2013 y 2014, el gasto aumentó en 85%, especialmente por el crecimiento en los gastos en vehículos convencionales, que resulta preocupante debido a la implicación que tiene para el presupuesto de la UNP.
Además, los incrementos en gastos por concepto de hombres de protección, conductores y vehículos blindados se ubicaron muy por encima del IPC de 2014, ocasionando mayores erogaciones.
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